REFORMA EN LA UN

DEMOCRACIA Y AUTONOMÍA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLÍN

Diagnóstico en torno al conflicto ocasionado por la Implementación de las Reformas Educativas del Gobierno Uribe en la Universidad Nacional

INTRODUCCIÓN

Al interior de la universidad y específicamente de una Universidad Pública como lo es la Universidad Nacional de Colombia, se presentan conflictos de muy diversa índole: Conflictos académicos, en tanto se trata de un centro de formación; conflictos de convivencia en la medida en que es un espacio de socialización, donde se refleja la diversidad del país; conflictos sociales; conflictos personales y muchos otros.  Además, la Universidad está atravesada por conflictos que la trascienden y que ponen en juego cuestiones de relevancia regional e incluso nacional: el conflicto social armado, conflictos políticos, diferencias gremiales, etc.

En los últimos años se viene presentando un conflicto que, por sus características, no solo afecta el funcionamiento interior de la Universidad, sino que pone en cuestión su función formadora, entendiendo por formación, no solo la instrucción científica sino todo aquello que concierne a la persona y al ciudadano.

Se trata de la progresiva implementación en la Universidad Nacional de Colombia, de una serie de reformas, que se caracterizan, al igual que toda la tendencia reformadora que en la actualidad afecta a la educación en América Latina, por no tomar en cuenta las particularidades sociales, económicas y culturales de cada país y región para así lograr estar acordes  a las necesidades y posibilidades específicas de las poblaciones que las habitan.

Estas reformas definidas externamente e impulsadas por el gobierno central como aquello que debe implementarse en la educación colombiana, pero al mismo tiempo, para diversos sectores, afectan la calidad académica de la Universidad, su carácter público, la democracia y autonomía universitaria, y en última instancia el derecho a la educación y la posibilidad de un verdadero desarrollo científico técnico en el país.

Es así como una situación problemática, la implementación de las reformas mencionadas, se convierte en conflicto, cuando los diversos sectores que encuentran en ellas un asunto que afecta a la Universidad, a la educación y a ellos mismos, emprende acciones positivas para contrarrestarlas.

¿Cómo hacer, entonces, de un conflicto como este, que surge de una crisis democrática, una oportunidad para formar precisamente en democracia? Y ¿Cómo generar perspectivas de transformación a partir del mismo conflicto? Son preguntas profundas y necesarias, que deben hacerse los diferentes actores e interesados en que la universidad logre, de la mejor manera posible, el cometido histórico que la sociedad colombiana le ha encargado.

El presente diagnóstico, que se propone como trabajo pretende, además de ser un ejercicio académico, lograr una primera aproximación diagnóstica  a la situación antes mencionada, que, en el mediano plazo, continué enriqueciéndose hasta constituir un documento de trabajo útil para la generación de perspectivas de transformación que fortalezcan la democracia y autonomía universitaria y mejore la convivencia al interior de la institución. 

1. DELIMITACIÓN

Para el trabajo “DEMOCRACIA Y AUTONOMÍA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLÍN Diagnóstico en torno al conflicto ocasionado por la implementación de las reformas educativas del gobierno Uribe en la Universidad Nacional” se considera una delimitación temática, una temporal y otra espacial.

1.1. Delimitación temática

Este trabajo diagnóstico, temáticamente se circunscribirá al efecto conflictivo que en el último año ha tenido la implementación de reformas educativas en la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, observando especialmente lo tocante a la democracia, autonomía universitaria y la calidad de la educación.

1.2. Delimitación temporal

Temporalmente el presente diagnóstico, busca ser lo más actual posible, por lo cual se centrará temporalmente en el año 2004, sin embargo, las características del conflicto a ser diagnosticado hacen necesario una retrospección hasta un momento de corte que puede ser considerado como el inicio del conflicto, o por lo menos, el momento donde su fase actual tiene lugar, para esto se escogerá el año  2002 como momento inicial, en tanto en ese año  llega al poder el actual presidente de la república y se inician una serie de reformas y políticas, económicas y sociales que generan conflictos en los más diversos aspectos y entre ellos. en la educación.

1.3. Delimitación espacial

Es un hecho indiscutible que este conflicto tiene una repercusión nacional, y se ha venido presentando de forma similar en diferentes universidades del país, pues en principio obedece a la implementación de una política de carácter nacional , sin embargo por efectos de proximidad, tiempo y recursos, este diagnósticos estará circunscrito espacialmente a la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, comentando algunos hechos sucedidos en la Universidad Nacional sede Bogotá, sede Manizales y en otras universidades del país, para enfatizar en algunos asuntos importantes.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

Avanzar en la elaboración de una primera aproximación diagnóstica  a la situación conflictiva que, con motivo de la  implementación de las actuales políticas educativas a nivel universitario se vine presentando en la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín.

2.2. Objetivos específicos

2.2.1. Reconocer las características fundamentales del conflicto  que con motivo de las más recientes políticas educativas se presenta en la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín

2.2.2. Identificar los principales actores y sus posiciones respecto al conflicto

2.2.3. Establecer relaciones entre este conflicto particular  y conflictos más amplios que afectan el país en lo económico, social y político.

3. JUSTIFICACIÓN

La Universidad Nacional que, en septiembre de 2004, acaba de cumplir 137 años de fundación, es una institución que desde sus orígenes se postula como una herramienta del Estado colombiano para el desarrollo de la cultura, las artes y la ciencia; además se la ha pensado como una institución que debe contribuir a la implantación y defensa de libertad y los valores democráticos, y en general, a la construcción de modernidad en Colombia.

Hoy, sin embargo, los fines y altos valores que una institución como la Universidad Nacional se espera defiendan y promueva, se encuentran en crisis.  La democracia y la autonomía universitaria que, como paradójicamente apunta Marco Palacios, se remonta a la ley 68 de 1935, “a pesar de la férrea resistencia y oposición de sectores ultraconservadores de los dos partidos y de la jerarquía eclesiástica”[1] es un asunto central en la actual coyuntura conflictiva que vive la universidad.

Precisamente bajo la rectoría de Marco Palacios, se viene implementando, al interior de la universidad, una serie de reformas propuestas por el ejecutivo nacional, que para muchos van en contra del carácter público de esta institución. Además, y quizá esto sea  lo mas importante, en los últimos años, prácticas antidemocráticas y violatorias de la autonomía universitaria han ido penetrando en la Universidad, prácticas que abarcan asuntos que van desde el nombramiento del rector y la limitación a la democracia en la elección de representantes estudiantiles hasta la violación al derechos de asociación de los empleados sindicalizados, pasando por el cierre de espacios de discusión y los traslados inconsultos de trabajadores oficiales.

Todo esto vine trayendo como consecuencia que en la Universidad Nacional se presente una situación conflictiva, de carácter complejo, que abarca aspectos políticos, económicos e ideológicos, pero que sobre todo, gira en torno a la idea de educación pública que se quiere para el país.

Trabajar en un diagnostico del conflicto que se presenta en un espacio como la Universidad Nacional y específicamente en la sede Medellín, es un asunto que gana en importancia en la medida en que posibilita una mejor comprensión de las cuestiones que hoy están en juego en Colombia e incluso a nivel mundial y que se expresan de manera fáctica en diversos espacios, entre ellos la Universidad; la comprensión del conflicto, su análisis, y en general, el primer acercamiento que implica la elaboración de un diagnóstico, puede constituirse en el primer paso para la generación de opciones y perspectivas de transformación.

4. METODOLOGÍA

4.1 Método

El trabajo, “DEMOCRACIA Y AUTONOMÍA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLÍN diagnóstico en torno al conflicto ocasionado por la implementación de las reformas educativas del gobierno Uribe en la Universidad Nacional”, busca describir y avanzar en el análisis de las características de la actual situación de conflicto que vive la Universidad Nacional de Colombia y específicamente la sede Medellín,  centrándose, en particular, en el impacto que este fenómeno genera en la convivencia y normal funcionamiento de la Universidad.

Las actuales política educativas, que se implementan para las universidades a nivel nacional,  a través de una serie de políticas públicas y prácticas estatales, han generado una diversidad de textos, relatos, mitos, narraciones, saberes, creencias, e instituciones, tanto a nivel Público - estatal y  académico como al interior de las comunidades universitarias y los diferentes estamentos (profesores , estudiantes y trabajadores) que han sido tocados de alguna manera, real o simbólica, por dichas políticas y prácticas.  

El conflicto en la Universidad Nacional, es, al igual que todos los fenómenos sociales,  un asunto complejo. En torno a él se han elaborado políticas públicas y prácticas sociales visibles y concretas, pero también percepciones, ideas y hasta  mitos.

Comprender las dinámicas, prácticas y percepciones de los diferentes actores sociales, gremiales e individuales respecto al conflicto en la Universidad, supone un arduo trabajo de develamiento e interpretación, de ahí que el presente diagnóstico encuentre en el método histórico-hermenéutico una herramienta útil y necearía para la comprensión de la realidad que, en términos de conflicto, se ha ido gestando en la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín en los últimos años.

Asumir la tarea de un diagnóstico sobre un tema como el conflicto ocasionado por la  implementación de una serie de políticas educativas en un espacio tan complejo como la Universidad, hace necesario tener a disposición un corpus teórico-metodológico epistemológicamente pertinente, como lo es el método histórico hermenéutico, que posibilite la comprensión de las experiencias colectivas, que en torno a este conflicto se han dado en el ámbitos específico de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín en los últimos años, reconociendo en dicha tarea comprensiva el valor de la singularidad, tanto de los individuos, como al interior de los colectivos.

En el presente diagnostico se utilizará, en consecuencia,  el método histórico hermenéutico. Este método permite realizar un estudio de los sentidos que subyacen en las políticas educativas a la vez que las lecturas que de estas asume la comunidad universitaria, las organizaciones gremiales y la comunidad universitaria en general.

El método histórico hermenéutico posibilitará:

1. Interpretar las diferentes disposiciones normativas relacionadas con el objeto de investigación

2. Comprender cuáles son los intereses a que obedecen las actuales políticas educativas

3. Indagar sobre cuales son las lecturas que de las políticas educativas, y sobre todo de su aplicación real hacen las comunidades o personas destinatarias de dichas políticas.

En resumen, este método permite desentrañar los intereses, las intenciones y la filosofía de discursos y acciones que se hacen presentes tanto en los espacios institucionalizados (público – estatales, gremiales y académicos) como en las comunicaciones informales de la vida cotidiana; reconocer las repercusiones socio-políticas y el impacto simbólico que para la convivencia han tenido las más recientes políticas educativas implementadas en la Universidad Nacional.

4.2. Fuentes de información

El presente trabajo de diagnóstico, se basará principalmente en fuentes secundarias para la recolección de información, entre ellas:  los documentos públicos que sobre educación superior ha generado el actual gobierno (especialmente lo referente a la revolución educativa), el Plan de desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia, el Plan de desarrollo de la sede Medellín, intervenciones públicas del rector  de la Universidad Nacional de Colombia, documentos y comunicados de la rectoría, la vicerrectoría sede Medellín, la secretaria de sede Medellín, comunicados de APUN (asociación de profesores de la Universidad Nacional,  de Sintrunicol, y de diferentes organizaciones y grupos de trabajo estudiantil, se revisará también prensa nacional y regional.

5. CONTEXTUALIZACIÓN

5.1. Contexto económico: la mundialización capitalista

El neoimperialismo da inicio a una nueva fase del capitalismo: la mundialización capitalista; esta fase se caracteriza por la mundialización de la base económica, de tal forma que las relaciones económicas y el desarrollo de las fuerzas productivas se definen a escala mundial, ello implica que los recursos de que depende ahora un país está determinado por el uso sistémico de  los recursos totales del mundo y que las relaciones entre las clases sociales en dicho país están definidas por las relaciones de clase globales a nivel mundial

En el neoimiperialismo se mantiene la internacionalización del capital  mercancía y del capital dinero y se inicia la internacionalización del capital productivo, con lo cual se completa la internacionalización del ciclo del capital. 

La forma de dominación básicamente económica y la aparición de las empresas multinacionales como el agente principal con que opera el neoimperialismo posibilita que las colonias se independicen políticamente sin que ello perjudique la consolidación del sistema capitalista mundial ni la relación centro-periferia que caracteriza el intercambio entre las diferentes formaciones sociales que lo componen.

5.2. Contexto político: neoliberalismo y neoconservadurismo

Desde los años 80, viene introduciéndose en Colombia el Neoliberalismo como política económica;  esta política cambia de una forma radical la función del Estado, quien deja de ser un productor con participación directa en la economía y pasa a ser un Estado controlador de la economía, dejando en manos de particulares la inversión y la producción.

El neoliberalismo, se fundamenta en el postulado de que es necesario asegurar una libertad absoluta para que las leyes del mercado establezcan las relaciones básicas de la economía y la sociedad; en este sentido la intervención estatal debe reducirse a las funciones generales de administración, justicia, defensa, policía y relaciones exteriores. Esto supone alejarse de la concepción de la función estatal que se manejó en el Estado de bienestar y que se propone como fundamental en el Estado social de derecho:  el Estado  debe garantizar las condiciones básicas que requieren las personas para su pleno desarrollo como ser humano por medio del ejercicio de las libertades individuales y colectivas y el disfrute de sus derechos ciudadanos, lo cual garantizaría el respeto a las leyes y a las normas en vigencia, lográndose de esa  manera la paz, la convivencia y la justicia.

En la implementación del modelo neoliberal se destacan varias cuestiones: la flexibilización laboral, la libertad cambiaria, apertura total al comercio internacional y la privatización de las empresas estatales, que como se verá, afectan a diversos sectores y entre ellos al de la educación.

El neoliberalismo ha asumido, en su aplicación en los países menos desarrollados, formas de exclusión ideológica, política y económica visibilizada en prácticas de carácter autoritario y neoconservador; de ahí que se lo caracterice hoy, en países como Colombia y otros latinoamericanos, como liberalismo en la económico y conservadurismo en lo político.

5.3. Contexto educativo

En Colombia  existe un elevado índice de analfabetismo, una  escasa cantidad de profesionales, un bajísimo número de posgraduados e investigadores.

Según la Constitución Política de 1991 y la Ley General de Educación de 1994 la política educativa se implementa en función del ciudadano y se establece la educación como un derecho que debe garantizar el Estado; El Plan Decenal de Educación, lanzado en 1995, a su vez pretende ser un medio para que la ciudadanía y las organizaciones sociales  participen democráticamente en la planeación, gestión y control de la educación.

La educación superior, por su parte, se define como un servicio público cultural, inherente a la finalidad social del Estado; un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral. Se realiza con posteridad a la educación media y tiene por objeto el desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional[2].

El reconocimiento como institución superior y la vigilancia de la calidad de los programas académicos que desarrollan las instituciones de educación superior, son realizados por el Ministerio de Educación Nacional a través del ICFES y previo concepto del CESU (Consejo Nacional de Educación Superior), mediante un proceso de acreditación en el cual la institución demuestre tener experiencia en investigación científica de alto nivel y programas académicos y en Ciencias Básicas que los apoyen.

Las fuentes de financiación de la educación superior son los recursos del presupuesto nacional, los del Fondo para el Desarrollo de la Educación Superior, FODESEP,  los recursos propios de las instituciones o de las entidades territoriales, los de crédito interno y externo y los de cooperación técnica.

5.4. Contexto jurídico

Constitución nacional.  A nivel Constitucional hay varios artículos a ser tomados en cuenta como marco de referencia del conflicto en la Universidad Nacional; a continuación se mencionaran algunos:

“Toda persona es libre de escoger profesión u oficio” (Art. 26)

“Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente” (Art. 37)

“En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la instrucción cívica. Así mismo se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana (Art. 41)

“La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento,  a la ciencia, a la técnicas a lo demás bienes y valores de la cultura” (Art. 67)

“Se garantiza la autonomía universitaria” (Art. 69)

“El estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo” (Art. 69)

Además se deben tomar en cuenta, entre otras:

Ley General de Educación (Ley 115 de 1994).

Ley 30 de 1992 que organiza el servicio público de la educación superior.

Ley 60 de 1993 de Distribución y Competencias y Recursos

Decreto 2566 que define las condiciones de calidad aplicables a los programas de las universidades.

Convenio de la OIT. Relativo a la aplicación de los principios del derecho a organizarse y a la negociación colectiva de 1949, aprobado por la ley 27 de 1976.

Convenio de la OIT. Número 87, relativo a la libertad de asociación y protección del derecho a organizarse de 1948, aprobado por la ley 26 de 1976.

Convenio de la OIT. Número 11, relativo al derecho de asociación de los trabajadores de 1921, aprobado por la ley 129 de 1931.

6. ANÁLISIS DEL CONFLICTO

6.1. Caracterización de la reforma educativa (hecho problemático)

6.1.1. Aspectos generales de la reforma educativa

La aparición y desarrollo en Colombia de las más reciente reformas educativas, tiene como marco de referencia el interés intencional por una educación "pertinente", que, desde los años  80, es impulsado por diferentes organismos internacionales en una serie de informes y recomendaciones que van desde los aparentemente bien intencionados informes del PNUD y UNESCO: La educación encierra un tesoro; Educación: la agenda del siglo XXI. Los Siete Saberles necesarios para la educación del futuro, por citar solo algunos, hasta las recomendaciones en materia monetaria y de ajuste fiscal del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

La educación, los sistemas educativos y en consecuencia, quienes se forman en ellos, en las postrimerías del siglo XX no logran responder a las características que, en los últimos años, ha tomado la economía mundial y, en consecuencia, la nueva división nacional e internacional del trabajo que se está configurando en el mundo contemporáneo (tránsito de la organización del trabajo fondista a la especialización flexible). 

Para la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico), la economía mundial está entrando a una nueva fase, en la cual, la aparición de nuevos modelos en la demanda de bienes y servicios y  en la tecnología, afecta la organización del trabajo vigente hasta el momento y hace necesario que el trabajador desarrolle actitudes y aptitudes que le permitan ser laboralmente competente bajo las nuevas circunstancias en que debe desempeñarse: desrregularización y flexibilización laboral.

En este contexto, y como respuesta a los requerimientos sistemáticos de la fase actual del capitalismo, surgen una serie de reformas y propuestas educativas, en principio específicamente referida a la formación laboral, que introducen en la educación mecanismos y  conceptos propio de la gestión privada de carácter empresarial con el argumento de hacer mejor y más competitiva la educación para poder responder a los estándares internacionales. En esta perspectiva, la educación debe desarrollar en el futuro trabajador tres capacidades principales:

a) La capacidad de innovación, la cual implica imaginación y creatividad para los individuos, empresas y la sociedad en su conjunto, que les permita predecir y enfrentar los retos del cambio.

b) La capacidad de adaptación, en la que individuos, empresas y sociedad, deben adecuarse rápidamente a los cambios en la tecnología y en los mercados.

c) La capacidad de aprendizaje, en la que individuos, empresas y sociedad, deben asumir el aprendizaje como un proceso continuo y sistemático para poder desarrollar sus capacidades de innovación y adaptación.

A partir de 1991, con la nueva Constitución, en Colombia la educación comienza a hacer parte esencial, al menos formalmente, de  los procesos de reconstrucción social del país, a la vez que se le exige  formar ciudadanos que respondan a los requerimientos de la vida contemporánea. Esto supone un doble reto para la educación: por un lado  formar en la autonomía, la participación y  la democracia como aspectos básicos para la reconstrucción social del país, y por otro lado, responder a los desafíos de la globalización planetaria, que exigen de la educación, la formación de individuos competitivos en una economía,  en un proceso creciente de mundialización.

La educación se propuso entonces, una formación más centrada en el desarrollo de habilidades de pensamiento, que traiga como resultado generar actitudes como: la capacidad de resolución de problemas, la creatividad y la investigación, con el fin de posibilitar la adquisición de una cultura científica que permita acceder a las nuevas tecnologías y aplicarlas al contexto local. 

Sin embargo, los procesos económicos ligados a la globalización, han hecho que en los más diversos ámbitos, se coloque  un mayor énfasis en elevar la calidad de los productos y servicios ofrecidos al mercado; lo cual, en el caso de la educación, ha impuesto la necesidad de que ésta se relacione de una forma cada vez más directa con el mundo del trabajo, con el fin de optimizar la producción de materias primas, bienes y servicios.

Lo anterior viene trayendo como consecuencia, por un lado, que no se avance, e incluso se retroceda^[3] en la pretensión de la educación  colombiana, de servir de medio para la reconstrucción social del país y posibilitar la adquisición de una cultura científica; y por otro, que el sistema educativo en sus diferentes niveles introduzca estudios técnicos con un enfoque claramente laboral, diluyéndose o, en el mejor de los casos, postergándose por falta de espacio, la formación más global que debería proporcionársele al estudiante.  Las diferentes Ciencias Humanas y Sociales, se enfrentan entonces, en los últimos años, a una pérdida paulatina de espacios en la educación colombiana.

La nueva configuración económica y la división internacional y nacional del trabajo, que se ha configurado en los últimos 20 años, tras la crisis del estado de bienestar y el auge del mercado como supuesto mejor asignador de recursos y funciones, ha demandado de la educación una serie de respuestas a las  actuales  características de  la economía mundial, que se constituyen en las premisas generales de la reforma educativa:

	Formar laboralmente un número creciente de personas para atender el mercado de los nuevos bienes y servicios.
	Preparar al trabajador para los nuevos ambientes productivos flexibles y desregularizados.
	Crear un vínculo estrecho entre los proveedores de formación,  instituciones educativas de diferentes niveles, y los consumidores del sector  secundario y terciario de la economía.

Escrito por elagora el 13/06/2007 15:33 | Comentarios (0)

INFORME DESARROLLO HUMANO EN COLOMBIA

INFORME DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE DESARROLLO HUMANO EN COLOMBIA 2003

(Resumen)

Acaba de salir el estudio más completo que se ha hecho en Colombia sobre el conflicto armado. Es un manual de instrucciones para superar la guerra. Sus resultados son sorprendentes.

En un eterno péndulo los colombianos se mueven entre proyectos de reconciliación nacional y declaratorias de guerra total. Entre políticas de mano dura y rondas de diálogo generoso. Los anhelos de conseguir la paz 'a las buenas' se frustran para dar paso a la ilusión de alcanzarla así sea 'a las malas'.

Pero la verdad es que en casi 50 años el país no ha logrado ni una buena guerra ni una buena paz. ¿Por qué? Porque no se ha logrado entender realmente cómo es el enemigo, ni en qué consistiría la victoria, ni qué herramientas se necesitarían para detener el desangre. En últimas, porque el país no ha asumido con la seriedad que se merece la solución a fondo del conflicto armado. En un comienzo, porque era considerado un fenómeno marginal que ocurría en la periferia del país y ahora porque se salió de madre.

Un equipo de cinco consultores, coordinado por el reconocido investigador social, y también columnista de SEMANA, Hernando Gómez Buendía, se dedicó durante año y medio a entender en qué consiste el conflicto armado. Viajó a casi 300 municipios, habló con alcaldes, ex combatientes, víctimas, funcionarios de todo nivel, miembros de ONG y expertos -en total con 4.000 personas- para entender cuáles son las lógicas de la guerrilla y los paramilitares, cuáles son sus puntos flacos, qué cosas tendrían que hacer el Estado y la sociedad colombiana para de verdad ponerle punto final a la guerra.

 
El resultado de este ambicioso trabajo es el Informe de Desarrollo Humano 2003, "El conflicto, callejón con salida", auspiciado por las Naciones Unidas, que será presentado a la opinión pública el jueves. Este informe, de casi 600 páginas, podría ser para el conflicto armado la brújula que fue la misión Currie para la economía. Porque sin duda es el documento más completo sobre la violencia que se haya elaborado en Colombia en los últimos 20 años.

Pero a diferencia de los estudios de los violentólogos, que fueron clave en los 80, este informe de desarrollo humano se centra específicamente en el conflicto armado y no en las demás violencias; supera el diagnóstico y presenta soluciones de corto, mediano y largo plazo en cada una de las áreas vinculadas con la guerrilla y las autodefensas, y, lo más importante, se aproxima a la guerra con un enfoque integral y libre de prejuicios ideológicos.

Esta es quizá la mayor virtud de la investigación: su capacidad para entender el conflicto armado con rigor académico, sin ningún interés de defender ni de culpar y sin caer en una actitud fatalista ni excesivamente optimista. Tampoco se ciñe a la coyuntura política, aunque es evidente que algunas de sus propuestas coinciden con las del presidente Álvaro Uribe mientras que muchas otras van en contravía.

El informe tiene una gran conclusión: que si bien hay muchos grupos que se han beneficiado con la guerra, esta ha sido un absoluto fracaso. Ha sido un fracaso para las guerrillas, que están lejos de tomarse el poder; ha sido un fracaso para los paramilitares, que no pudieron derrotarlas, y es un fracaso para el Estado, que no ha sido capaz de vencer a la insurgencia, ni de contener el paramilitarismo, ni de proteger a los colombianos, ni de remover las causas del conflicto armado.

Pero es igualmente enfático en que la guerra tiene solución. Pero una solución compleja que exige que el Estado y toda la sociedad colombiana entiendan los muchos rostros del conflicto y de los actores armados (ver recuadro) y asuman el fin de la guerra como el propósito último de todas las políticas públicas.

Para combatir cada una de esas caras el documento sugiere medidas inmediatas y más estructurales que ofrezcan a los guerrilleros y a los paramilitares, así como a las víctimas, funcionarios y sociedad civil, los incentivos propicios para estimular o disuadir determinadas conductas (ver siguientes artículos).

En últimas, el informe es un conjunto inmenso de señales 'correctas' que rompe con los falsos dilemas que han atrapado el debate colombiano sobre la guerra. Frente al narcotráfico, rechaza tanto la fumigación como la legalización. Sugiere más bien atacar las cadenas intermedias del negocio. Cuestiona una reforma agraria que parta en pedazos la tierra y socialice la pobreza y propone, en cambio, una solución más integral para el campo que castigue el uso improductivo de la tierra e identifique ventanas de oportunidad agroindustriales. Propone una reforma política que tienda hacia el federalismo y al sistema parlamentario para que cuando se desmovilicen los grupos armados tengan un poder real dentro de la democracia. Y señala la urgencia de crear una agencia civil de alto nivel para manejar la reinserción.

En este tono y con el mismo ánimo constructivo, el informe abarca desde las conexiones entre los conflictos sociales y el conflicto armado hasta la identificación de los 70 municipios donde son reclutados los jóvenes de la guerrilla y los 164 municipios más vulnerables al conflicto, porque es donde coinciden la menor gobernabilidad y la mayor violencia. Señala los mecanismos para fortalecer la resistencia civil de las comunidades y los pasos a seguir para sentarse a negociar con la guerrilla y las autodefensas.

No se trata tampoco de un recetario para alcanzar la paz. Pero sí es una excelente carta de navegación, un faro para un país de náufragos. Ojalá los analistas, los defensores de derechos humanos, los periodistas, los políticos y, sobre todo, los funcionarios del Estado, lo lean, lo mastiquen, y lo utilicen como plataforma para iniciar una conversación inteligente sobre el conflicto armado para que en unos años todos los colombianos puedan sentir que el callejón en efecto sí tiene salida.

SEGURIDAD Y JUSTICIA

Tomarse la guerra en serio Mientras no se combata la altísima impunidad y los colombianos no sientan a sus Fuerzas Militares como una 'Nación en armas' es muy difícil llegar a la otra orilla.

En el gobierno de la seguridad democrática, las recomendaciones del informe de desarrollo humano sobre seguridad y justicia caen como anillo al dedo.

La primera gran conclusión es que la guerra y la justicia son asuntos demasiado serios para dejarlos en manos de los generales y de los abogados. Por eso invita al Estado a que maneje integralmente la seguridad y la justicia penal, vitales para solucionar el conflicto.

Esto exige que exista una estrecha coordinación entre las entidades que conforman el sistema, que cumplan con sus funciones de manera equilibrada y que los beneficios y costos asociados con la justicia y seguridad se distribuyan de manera equitativa entre los ciudadanos. Tres requisitos que hoy no se cumplen.

El sistema de seguridad y justicia está desbalanceado. "En algunos casos la presión del conflicto armado hace que la entidad asuma funciones que no le corresponden, lo cual acaba por desvirtuar su naturaleza", dice el informe.

Por ejemplo, la Policía descuidó su función de vigilancia urbana y rural para dedicarse a labores más propias del Ejército. Además terminó militarizada, cuando debería estar adscrita al Ministerio del Interior y depender del alcalde local. Por el contrario, las Fuerzas Militares terminaron por asumir tareas de carácter cuasipolicial, como patrullar carreteras, vigilar elecciones o controlar marchas campesinas, que exigen una relación cercana con la comunidad.

En otras ocasiones abiertamente se dejan de atender asuntos prioritarios para la justicia o la seguridad. En concordancia con un punto que ya se resalta en el documento de Política de Seguridad Democrática del gobierno, el informe alerta sobre la débil coordinación en la inteligencia, que es una de las claves para ganar la guerra (ver recuadro). También señala la escasa vigilancia rural cuando el campo es el principal escenario de la confrontación. "Haría falta una 'guardia nacional", dice.

El informe reconoce que es posible que con los nuevos carabineros rurales y la Junta de Inteligencia Conjunta recién creada se comiencen a subsanar estas fallas. Resalta que todavía hay que fortalecer la investigación criminal, sobre todo la capacidad para recoger pruebas que no se basen sólo en testimonios. "Entre impunidad y conflicto armado hay un círculo vicioso", anota. Por un lado la improbabilidad del castigo (de cada 100 delitos sólo hay condena en uno o dos casos) es un incentivo para seguir violando la ley y, por otro, la altísima criminalidad resultante del conflicto desborda la capacidad del sistema.

El informe es enfático en que el Estado debe concentrarse en combatir a los grupos armados, en capturar a los autores de los crímenes más graves y en juzgarlos. Hoy, en parte debido a la asimetría de la alianza con Estados Unidos, el mayor esfuerzo se va a la lucha contra el narcotráfico, la protección de hidrocarburos y el terrorismo. Se estima que de los 72.000 soldados capacitados para combate 20.000 están asignados a operaciones antinarcóticos. El otro grueso de Fuerza Pública especializada se va a cuidar carreteras o infraestructura, labores que, considera el informe, podrían cumplir efectivos menos especializados.

En la justicia el panorama no es menos distorsionado. Un estudio reciente demuestra que los jueces civiles están dedicados a cobrarle las deudas al sector financiero. Esta atención le cuesta al país 158.000 millones de pesos, casi 12 por ciento del gasto de la justicia. El informe propone crear unas instancias alternativas para resolver estos casos y que el interesado pague por ello.

Como consecuencia de todo lo anterior los servicios de seguridad y justicia no llegan por igual a todos los colombianos. "Tiende a privilegiar lo urbano sobre lo rural y al rico sobre el pobre", dice. Aquí la justicia y la seguridad no son para los de ruana. Mientras que en las veredas es muy raro ver una patrulla de policía y hay 167 municipios desprotegidos, un excesivo número de soldados, policías y agentes del DAS están cuidando en las ciudades personalidades, despachos oficiales e infraestructura de uso semiprivado.

Y mientras los pobres no tienen quién los proteja existe una industria de seguridad privada que supera la pública. Hay más vigilantes particulares que agentes de policía y no hay una entidad que los vigile de manera efectiva.

 
El costo de la guerra tampoco se asume de manera equitativa. Si bien los estratos más altos financian con sus impuestos el fortalecimiento de las Fuerzas Militares, el informe resalta lo obvio: la carga del servicio militar sigue recayendo sobre los más pobres. Esto no sólo es inequitativo sino ineficaz ya que la única forma de ganar la guerra, cómo ha sido probado en otras partes, es que las Fuerzas Militares se sientan a sí mismas y sean vistas como la "Nación en armas". Para ello hay que superar la situación actual de que "sea un Ejército de pobres para defensa de los ricos".

Lecciones para ganar la guerra

Del análisis comparado de campañas contrainsurgentes exitosas en países tan distintos como Malasia, Kenia, Italia, Filipinas e Irlanda del Norte los expertos han concluido que, para vencer, el Estado debe tener una estrategia integral y ganarse el apoyo de la población. Para ello requiere:

-Que lo político domine lo militar.

-Que las élites definan de manera clara y rigurosa qué significa "ganar" y que a partir de esa definición de victoria establezcan unas prioridades, unos recursos y un "plan de juego" que enmarque las acciones de cada entidad dentro del Sistema de Seguridad y Justicia Penal.

-Un liderazgo capaz de incidir sobre las variables políticas, económicas, militares y sicológicas que marcan rumbo al conflicto.

-Establecer las áreas donde requiere cooperación internacional en función de sus necesidades.

-Fortalecer la inteligencia para prevenir el avance político del grupo armado, pues una guerra irregular depende en último término de la fuerza política.

-Ganar el apoyo de la población a partir de la presencia institucional y simbólica del Estado.

-Privar a los insurgentes de todos los apoyos que necesitan de la población: suministros, movilidad, información y voluntad de triunfo.

-Mostrar diferencias entre las zonas controladas por el Estado y aquellas bajo dominio enemigo, pues un movimiento insurgente sólo puede ser derrotado a partir de buenas prácticas de gobierno que atraigan el apoyo popular.

-Fortalecer el papel de la Policía sobre el del Ejército por ser una fuerza localizada.

-Contar con una legislación adecuada para hacer frente a la insurrección o el paramilitarismo, lo cual supone limitar algunos derechos ciudadanos. Pero cuidarse de balancear esas medidas. con la prioridad de ganar el apoyo de la población.

Recomendaciones

Estas son algunas propuestas concretas del informe para que el Estado pueda proteger mejor la vida e integridad física de todos los colombianos:

-El aumento de pie de fuerza debe ser proporcionalmente mayor en la Policía que en las Fuerzas Militares; dentro de la Policía en los Carabineros, y en ningún caso debe implicar una desmejora en los niveles de entrenamiento y calificación.

-Mejorar la capacidad de investigación del Estado para aumentar el recaudo de pruebas judiciales y trasladar el CTI de la Fiscalía a la Policía Nacional.

-Apelar al espíritu cívico más que a recompensas para lograr la colaboración ciudadana.

-Enfocar la justicia especializada hacia la judicialización de los delitos atroces.

-Encomendar la protección de las vías y de la infraestructura, así como la vigilancia rutinaria, a personal menos especializado en combate.

-Conformar una comisión de alto nivel para que identifique las trabas legales indebidas que, en efecto, amarran a las Fuerzas Militares. En caso de que sea necesario recortar libertades y derechos, adoptar los controles que eviten o castiguen los abusos.

-No trasladar funciones de policía judicial a las Fuerzas Militares, pero sí entrenar y movilizar fiscales, oficiales de Policía y agentes del DAS para que cumplan esas funciones donde lo exija el conflicto.

-Eximir al sistema judicial de los procesos ejecutivos, hipotecarios y prendarios a través de sistemas de conciliación u otros sistemas alternativos costeados por los usuarios.

-Descriminalizar y despenalizar delitos menores para que la justicia pueda concentrarse en los horrores morales.

-Establecer un impuesto de solidaridad sobre el servicio de vigilancia privada con destino a que la Policía pueda tener una presencia efectiva en todo el territorio.

-Hacer más exigentes los requisitos para el porte de armas.

-Universalizar el servicio militar obligatorio.

Ni fumigar ni legalizar Las políticas represivas para eliminar los cultivos ilícitos fortalecen este negocio ilegal y avivan el conflicto. Hay que repensar de nuevo esta lucha.

A comienzos del siglo XX el periodista John Reed dijo que las guerras crucifican la verdad. Y la guerra contra las drogas, impulsada por y desde Estados Unidos (donde deja 16.000 muertos al año, muchos más que los que produce el terrorismo, entre consumidores y personas asociadas al negocio), no es la excepción. Como las políticas actuales contra el narcotráfico están inspiradas en el puritanismo, una opción ética que aboga por el perfeccionismo moral, tienen más el tinte de una cruzada que pretende eliminar la producción de todo tipo de sustancias ilícitas para de esta forma acabar con el consumo.

Este ideal y la guerra que impulsa 'crucifican' una verdad que no puede ser ocultada por más tiempo: ni el consumo ni la producción pueden acabarse. Si esto fuera posible la guerra que se libra contra las sustancias ilícitas desde 1961 habría disminuido el número de consumidores en todo el mundo. Y esto no ha ocurrido, ha sucedido todo lo contrario. Hoy existen 200 millones de consumidores de drogas. Por eso la opción más racional y realista es tratar de reducir al máximo los daños derivados del narcotráfico.

Colombia está en el corazón de esta pelea por ser el mayor productor mundial de cocaína del mundo y durante 20 años ha intentado erradicar por medio de la fumigación los cultivos ilícitos de coca. Sobre este tema tan complejo el informe hace propuestas audaces y controvertidas, que rompen con los paradigmas tradicionales sobre la relación entre conflicto y drogas (ver recuadro).

De entrada se opone a la legalización de las drogas como solución al problema por los daños sociales que acarrearía el consumo. A cambio propone que Colombia promueva un nuevo convenio internacional de lucha contra las drogas que oriente sus baterías contra los eslabones intermedios de la cadena del narcotráfico, en los que se genera el mayor valor agregado de las sustancias ilícitas. Esto supondría acabar con las fumigaciones y redoblar los esfuerzos en la interdicción aérea y marítima, que sí golpea a los capos y no aumenta el paraguas de la ilegalidad (ver recuadro). A nivel local la Policía localizaría su fuerza en reprimir a los intermediarios (chichipatos) que compran la droga a los campesinos y asumiría las funciones que hoy tiene el Batallón Antinarcóticos del Ejército, que debería desaparecer y su pie de fuerza concentrarse en actividades de orden público y seguridad ciudadana.

El informe también propone que se haga un censo nacional de cultivos para discriminar a los campesinos rasos que siembran coca para sobrevivir de los dueños de cultivos industriales. Estos tienen que ser perseguidos y sus plantaciones destruidas con rigor por medios no químicos. A los primeros, en cambio, hay que ofrecerles oportunidades de erradicación manual, pagarles por hacerlo y concertar con la comunidad internacional que este servicio se convierta en pago de deuda pública.

Quienes lo deseen podrían ser reubicados dentro de la frontera agrícola y trabajarían en proyectos productivos que puedan ser comercializados a través de ventanas de mercado, que serían identificadas por un sistema de información especializado. Las comunidades que insistan en permanecer en zonas con ecosistemas frágiles y poco propicios para la agricultura productiva podrían recibir regalías ambientales por cuidar el entorno. Por último, el informe pide que la Ley de Preferencia Comercial Andina para la Erradicación de Narcóticos (Atpdea) incluya exenciones arancelarias para productos agrícolas de sustitución. Todo esto contribuiría a reconstruir el tejido social en el campo y le quitaría combustible al conflicto colombiano.

Falacias de la relación droga-conflicto

Aunque el 40 por ciento de las finanzas de las FARC corresponden a dinero del narcotráfico y en el caso de las autodefensas este monto es del 80 por ciento, esto no quiere decir que estas dos organizaciones existan única y exclusivamente para el negocio. Ambos grupos tienen proyectos políticos y ejercen poder en las localidades bajo su control.

-Es simplista suponer que acabar la droga trae como consecuencia inmediata el fin del conflicto. Existen otros motores del conflicto diferentes que tienen que ser desactivados por el Estado.

-Es igual de ingenuo creer que acabar con el conflicto supondría el fin del narcotráfico. En sus comienzos éste se desarrollo por fuera de la guerra y está probado por experiencias internacionales que la producción de narcóticos continúa en el posconflicto.

-Es falso pensar que mientras exista la droga existirá conflicto. En países productores o comercializadores, como Bolivia, no hay el menor asomo de conflicto interno. Lo que sí es verdad es que en Colombia se ha convertido en el centro de degradación de la guerra.

-La última falacia es que hay que acabar la droga de cualquier manera. El Informe prueba que las políticas represivas y militares indiscriminadas, como la fumigación, tienen efectos indeseables e inesperados en el negocio de la droga y en el propio conflicto.

No rotundo a la fumigación

Durante 20 años los gobiernos colombianos, por iniciativa de Estados Unidos, le han apostado a fondo a la fumigación química como la fórmula más eficaz para erradicar los cultivos ilícitos. Sin embargo, sólo en los últimos tres años esta estrategia pareció dar resultados concretos tal y como lo revelaron las cifras de la Oficina de Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen. El monitoreo que hizo ésta entre 2001 y 2002 reveló un descenso de 30 por ciento en las hectáreas cultivadas con coca. No obstante, la misma Oficina advirtió que tenía evidencia del aumento de cultivos ilícitos en los departamentos de Nariño, Guaviare y Amazonas, y en Bolivia (23 por ciento) y Perú (8 por ciento). Lo más grave fue que llamó la atención sobre la existencia de más cultivos, no cuantificados, en Guainía, Vaupés, La Guajira, Chocó, en zonas de la Costa Atlántica y el Eje Cafetero.

Estos resultados terminaron por demostrar en forma contundente las consecuencias indeseables y adversas que tiene la guerra contra el narcotráfico pues termina provocando un fenómeno bumerán que favorece este negocio ilegal. Lo que parecía un triunfo se convirtió en la prueba evidente del denominado 'efecto globo'. El Informe de Desarrollo Humano dice al respecto: "El éxito de la erradicación en un área reduce temporalmente la oferta y esto se traduce en un alza de precios. Luego, dado que la demanda por drogas es bastante inelástica, los mayores precios estimulan la siembra en otros lugares". De tal forma que la reducción en los cultivos no es más que un retraso en el efecto globo, en el reacomodo de las plantaciones.

Por otro lado los pequeños cultivadores que son criminalizados terminan plegándose al ala protectora de los grupos armados ilegales y se sienten engañados cada vez más porque los programas de sustitución no funcionan tan rápido como la aspersión.

Este efecto se suma al hecho de que no es responsable continuar la fumigación mientras persistan las dudas sobre los efectos de la fumigación en la salud humana, animal o ambiental. Eso condujo a que el Informe recomiende una solución tajante:

Hay que detener la fumigación lo antes posible, erradicar manualmente los cultivos pequeños (lo cual le permitiría recuperar legitimidad al Estado entre campesinos que quieren salirse del ambiente violento que provoca el narcotráfico) y buscar fórmulas alternativas para acabar con los industriales.

Desminar el campo

El informe reconoce que la solución del conflicto armado pasa por el campo. Pero acaba con el paradigma de que la reforma agraria y el mayor gasto social son la panacea.

Sin entrar en el dilema de si fue primero el huevo o la gallina, el Informe de Desarrollo Humano supera la interminable discusión sobre si el conflicto armado es causa del abandono del campo o si es su consecuencia. Revela más bien las conexiones que existen entre la confrontación y los conflictos agrarios. Y dice que si el Estado quiere contener la guerra debe adelantar una reforma estructural del campo, epicentro y principal escenario del conflicto armado.

El campo colombiano siempre ha sido pobre, pero cada día lo es más. El desempleo rural en 2002 fue de 11,5 por ciento, tres veces más que en 1991. En Colombia 83 por ciento de los campesinos son pobres y cuatro de cada 10 viven con menos de un dólar al día.

No es de extrañar, entonces, que los grupos armados encuentren allí una atmósfera propicia para ofrecer sus 'servicios' de seguridad y justicia, que les permiten conseguir el apoyo de la población rural y unas condiciones favorables para reclutar jóvenes que ven en la guerrilla y las autodefensas su mejor opción de vida.

La mayoría de los conflictos del campo -anota el informe- están asociados al uso irracional del suelo y a la inequitativa distribución de la propiedad agraria. Baste señalar que en Colombia sólo una tercera parte de la tierra se utiliza bien. Hay ganado extensivo donde debería haber agricultura y cultivos donde deberían existir bosques de conservación. Mientras que sólo 19 millones de hectáreas tienen vocación ganadera, más del doble están sembradas de pasto.

Y como si esto no fuera ya muy grave, cada año se consolida más el monopolio sobre las tierras buenas. Entre 1985 y 2001 las parcelas menores de cinco hectáreas perdieron cerca de un millón de hectáreas porque sus dueños fueron desplazados a bala. Hoy poseen menos del 5 por ciento del total de tierras utilizables. Mientras que las fincas superiores a 500 hectáreas duplicaron su extensión entre 1984 y 1996, al aumentar de 11 a 22,6 millones de hectáreas. Es decir, que 11.570 propietarios (0,4 por ciento del total), con un promedio de 2.000 hectáreas, controlaban hace siete años casi la mitad de la tierra bajo explotación. Y se sabe que esta situación, de por sí escandalosa, ha venido empeorando.

"El conflicto armado, y no el mercado o el Estado, define hoy la propiedad, los precios de la tierra y la rentabilidad de la inversión rural", dice el informe. Además la estructura de propiedad rural actual favorece el conflicto armado porque el latifundio, defendido por paramilitares, expulsa a los campesinos, que van a parar a zonas de expansión de la frontera agrícola, bajo las garras de la guerrilla.

La solución

Visto este contexto, el informe destraba la discusión acerca de la reforma agraria y rompe con el paradigma de que lo que necesita el campo es mayor gasto social. "Sería tan insuficiente como una gota en el océano, dice. Es necesaria una reforma rural estructural en vez de una reforma agraria que se limite a fragmentar la tierra".

Es necesario, entonces, que el Estado adelante una política agraria que, por un lado, solucione los problemas de uso y distribución de la tierra y, por otro, atienda de manera prioritaria la situación de los grupos campesinos más afectados por el conflicto, como son los desplazados, los indígenas, las negritudes y los minifundistas empobrecidos.

Recogiendo una antigua iniciativa del empresario Hernán Echavarría, el informe propone reformar el impuesto predial rural para que efectivamente castigue la tenencia improductiva de la tierra y aumente la oferta de suelos aptos para la agricultura a medianos y pequeños productores.

Muchos de los dueños de estas fincas de engorde son narcotraficantes que, en una asombrosa contrarreforma agraria, compraron en las últimas décadas tierras en más de 400 municipios. El informe recomienda seguir en la dirección actual de hacer más rápidos los procesos de expropiación pero recomienda que estas tierras recuperadas se utilicen para corregir los problemas asociados al conflicto armado. Es decir, que se le asignen a desplazados, a raspachines que sean relocalizados, a campesinos sin tierra y a indígenas o negros.

Esta propuesta va de la mano de otra, igualmente audaz: cerrar la frontera agraria que no haya sido colonizada. Y crear en cambio reservas campesinas que ofrezcan en regiones de colonización de frontera suficientes incentivos económicos y de inversión pública para que los campesinos y colonos se asienten allí y resistan la tentación de seguir tumbando monte.

Dentro de esta misma lógica de enviar las 'señales' adecuadas el informe cuestiona las políticas tradicionales de sustitución de cultivos ilícitos ya que, dice, sólo en tierras fértiles como las del valle del Guamués, en Putumayo, sería viable el desarrollo alternativo. Propone más bien que el Estado les asigne una parcela en una reserva campesina a los cocaleros que se comprometan a erradicar y que las tierras infértiles donde hoy se cultiva coca se conviertan en reserva natural.

En estas reservas campesinas, como en el resto del sector rural, el Estado debería concentrarse en identificar núcleos de creación de riqueza en actividades agroindustriales. Todo esto con el objetivo de que el campo se convierta también en un lugar para el desarrollo humano y no sólo en el campo de batalla y en la reserva inagotable de odio y cañones que van a parar a la guerrilla y los paramilitares.

Castigar la tierra improductiva

Hoy muchos terratenientes acumulan tierras de engorde porque no les cuesta nada hacerlo. El impuesto predial de estas tierras llega apenas a 2,4 por mil del valor catastral de la propiedad, que de por sí está muy por debajo de su precio comercial. El informe propone actualizar el impuesto de tal forma que induzca a los propietarios a mejorar la productividad o a arrendar o vender la tierra a quien pueda utilizarla. Para ello se requiere:

-Reajustar el avalúo catastral según aptitud de uso de los suelos. La cuantía del tributo debe fijarse en función directa del tamaño del predio y en función inversa al uso productivo que se le esté dando.

-Que la DIAN, y no los concejos municipales, establezca las tarifas y haga el recaudo. Esto con el fin de que se pueda liquidar el impuesto sin las presiones que ejercen hoy los propietarios de esta tierras sobre los concejos.

-La principal dificultad para hacer lo anterior es el costo de completar y actualizar el catastro rural, tarea asignada al Agustín Codazzi, que subcontrata con firmas privadas. Sin embargo el costo de contar con un catastro que se acerque a 70 por ciento del valor comercial es mucho menor al recaudo tributario y a los beneficios que traería en términos del conflicto armado un campo más productivo.

Empate sangriento

Con el actual escalamiento del conflicto la única solución visible es una negociación. Y mientras más rápido mejor.

La guerra en Colombia es un conflicto de perdedores. La guerrilla fracasó, tras cuatro décadas de existencia, en su intento de hacer la revolución. Los paramilitares fracasaron porque duraron dos décadas tratando de acabar con la insurgencia y ahora están a punto de desmovilizarse sin haberlo logrado (ver recuadro 'Un caso único en el mundo'). Y el Estado fracasó porque no pudo vencer a la subversión, no pudo contener el crecimiento y el desmadre de los paramilitares, ni proteger a los ciudadanos de los efectos cada vez mayores del conflicto armado. En la actualidad, palabras más palabras menos, la guerra colombiana es una rutina monstruosa, un empate sangriento.

Hacia adelante, según el informe, "dada la actual correlación de fuerzas y sus desarrollos previsibles, es bien claro que las guerrillas no derrotarán al Estado; pero también es claro que su capacidad de daño es sencillamente gigantesca. Estas dos realidades descarnadas habrían de bastar para que tirios y troyanos comprendan que se impone una salida negociada y que negociar antes es negociar mejor". El momento ideal para negociar es el actual, sin que eso implique necesariamente que tenga que ser con este gobierno, porque la guerrilla no capitularía sino que obtendría una 'paz honrosa'. El Estado, por su parte, también ganaría porque las eventuales concesiones que hiciera no costarían tanto como lo que vale hoy el conflicto armado: cuatro billones de pesos, es decir, 2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

 
Negociar es la solución óptima, la opción más racional, pero comenzar a hacerlo no es tan sencillo como parece. Lo más importante para la negociación, según el informe, es que la paz se convierta en una política de Estado y no en el proyecto del gobierno de turno. De esta forma se podría empezar a manifestar la voluntad de hacer un diálogo inicial, no sujeto a presiones de corto plazo, que permitiría sentar bases sólidas para arrancar la negociación como tal en el mediano plazo.

Pero para que esto se dé es necesario cambiar primero los mapas mentales de los contendientes (ver recuadro) y reconocer que, pese a las aparentes distancias semánticas de los discursos, ya no hay un antagonismo irreconciliable y sus diferencias son hondas pero negociables. También resaltan la necesidad de contar con un tercero neutral que blinde el proceso y haga todo lo que esté en sus manos para que las partes lleguen a acuerdos. Estos no pueden hacerse a espaldas de Estados Unidos que, guste o no, tiene un peso muy grande en la desactivación o el escalamiento del conflicto.

Conocer al enemigo

El informe identifica como se ven mutuamente la guerrilla y el Establecimiento.

La guerrilla ve la realidad de esta forma:

-Se percibe a sí misma como una sobreviviente, lleva casi cuatro décadas de guerra, que se ha fortalecido con el paso del tiempo y cuenta con los recursos económicos suficientes para hacer la guerra. Además cree que siempre que está dispuesta a negociar la engañan y abofetean.

-Miran a su contendiente como un Estado corrupto, inepto e inconstante.

-Ve a la burguesía en desbandada.

-Considera que el gobierno actual es fascista e impopular por la pobreza y los ajustes económicos.

-Cree que se aproxima el momento para una 'guerra de liberación' que acabe con la creciente presencia estadounidense en el país.

-Se siente satisfecha con el bolivarianismo en alza en los países vecinos y la izquierda que emerge en Venezuela.

-Se cree la vanguardia del verdadero pueblo colombiano.

El gobierno y la opinión pública ven la misma realidad con otros ojos:

-Se percibe a sí mismo como el defensor de la civilización y del Estado de derecho. Su clase dirigente siente que siempre ha querido negociar y ha terminado abofeteada y engañada por el enemigo.

-Miran a su contendiente como un grupúsculo de 'bandidos' y 'narcoterroristas'. Lo consideran una reliquia del estalinismo con síntomas de autismo.

-Ven a las Fuerzas Armadas inclinando la balanza de la contienda a favor del Estado.
-Consideran favorable que Estados Unidos esté jugado a fondo contra estos grupos y les cierra cada vez más las puertas.

-Creen que su enemigo no tiene apoyo popular voluntario y que sus reclutas son forzados a ir a la guerra.

Un caso único en el mundo

El informe cree que los paramilitares aparecieron en el país por codicia o desesperación. En el primer caso para hacer frente, como ejércitos privados, a la guerrilla, que quería apoderarse de negocios como las esmeraldas o el narcotráfico. En el segundo caso como reacción al desespero de los propietarios, que no consideraron suficiente la reacción estatal para protegerlos de la violencia de los grupos guerrilleros. En este sentido los califica como auténticos grupos de autodefensa y los reconoce como otro actor complejo en el conflicto.

Por otra parte, se sorprende de su actual proceso de desmovilización porque, desde el punto de vista teórico, no están dadas las condiciones para hacerlo pues el Estado no puede garantizar la seguridad en las zonas bajo el control de los paramilitares y tampoco ha derrotado a la guerrilla, el enemigo tradicional de éstos. No obstante el informe celebra que el gobierno adelante diálogos con estas organizaciones y le hace cuatro recomendaciones para que sean exitosos y acaben por fin con la estructura y con la práctica social del paramilitarismo:

1.La agenda de negociación debe ser lo más simple y lo menos politizada posible. Los paramilitares no quieren cambiar el sistema sino presionar ciertas reformas sociales y políticas dentro del mismo. Si éstas se llevan a cabo "tendrían que inclinarse a la derecha (si las de la guerrilla son de 'izquierda') y que sería necesario desmontar en el momento de negociar con las guerrillas".

2.La negociación debería darse con la mayor cantidad de grupos paramilitares, lo cual no es fácil ante la estructura federal de estos y la multiplicidad de agendas que tiene cada organización.

3.Debe precisar el tratamiento que recibirán los paramilitares que se desmovilicen, reduciendo al mínimo posible el margen de impunidad. ¿Qué tipo de privilegios jurídicos (amnistía, indulto) van a tener? ¿Qué participación política (cupos en el Congreso, montar un partido propio) se les va a ofrecer? ¿Qué beneficios económicos van a recibir por dejar las armas? ¿Cómo van a relacionarse con las Fuerzas Armadas? ¿Podrían ser extraditados a Estados Unidos o ser solicitados por la Corte Penal Internacional?

4.Por último le recomienda al gobierno evaluar muy bien las razones para desmovilizarse de los paramilitares, teniendo en cuenta que su razón de ser -vencer a la guerrilla- no se ha cumplido. ¿Hay interés de los líderes en huir de vendettas internas? ¿Quieren arreglar su situación con Estados Unidos? ¿Quieren jubilarse en forma anticipada y sin riesgo para que otros mandos continúen su obra? ¿Van a combinar las formas de lucha: unos en la arena política y sus relevos con el fusil en la mano? Este tipo de razones viciarían el proceso y convertirían el diálogo en otro medio de hacer la guerra.

Alcaldes: solos en la guerra

Son 164 los municipios que tienen los peores problemas de gobernabilidad y de violencia. Necesitan un régimen especial para salir adelante.

Indefensos, desconectados, quebrados, pequeños, fragmentados. Así están hoy los gobiernos de los municipios más golpeados por la violencia. ¿Cómo sorprenderse, entonces, de que el semillero local de la violencia esté dando frutos por todo el país? La gobernabilidad local -tener la autonomía fiscal, la capacidad de funcionamiento y el compromiso con la justicia- es clave para manejar y resolver conflictos violentos. Sin embargo ésta flaquea precisamente donde más se necesita: en aquellos lugares donde ocurren más masacres, homicidios, desplazamiento forzoso, acciones terroristas, acción de los grupos ilegales armados y donde no hay policía.

Los investigadores construyeron un índice que cruza gobernabilidad con violencia y descubrieron que en casi todo el país a mejor habilidad para gobernar menor violencia. Identificaron 164 municipios especialmente vulnerables porque tienen la mayor violencia y la menor gobernabilidad . Y 10 municipios de máxima vulnerabilidad en el extremo de este cruce.

Son siete las fallas graves que tienen estos gobiernos locales:

Corrupción. Desacredita al Estado, legitima a los grupos armados y disminuye los recursos para inversión social.

La Nación y el departamento les dan la espalda. No atienden sus opiniones ni incluyen sus esfuerzos de planeación y ejecución. Les permiten disponer de sólo 17 por ciento de las transferencias que reciben de la Nación. Sólo tienen autonomía para gastar si es certificado y esta certificación depende de burocracias departamentales que prefieren retener los fondos. Tienen poco margen para reubicar médicos y maestros o para protegerlos frente a los grupos armados.

No tienen recursos para invertir en seguridad y justicia. En promedio apenas destinan 1,4 por ciento de sus ingresos a este fin. Pero el promedio esconde las enormes diferencias entre las grandes ciudades y el resto del país. Se supone que el impuesto de 5 por ciento sobre los contratos de construcción y mantenimiento de vías debe fondear la seguridad. Pero los pequeños municipios casi no recogen este impuesto, pues no construyen vías. Los 164 municipios más vulnerables (más violentos e ingobernables) gastan apenas 1.005 pesos por habitante en seguridad ciudadana y justicia, mientras las seis grandes ciudades gastan en promedio 3.015.

Demasiados canales de participación ciudadana. Existen 38 consejos, juntas, comités o asociaciones para que la gente participe en los asuntos de su comunidad, lo que en lugar de ayudar a fomentarla la fracciona y hace que nadie se encuentre con nadie. Además muchas de estas instancias son consultivas, lo que limita la participación a la voluntad del gobierno de turno; otras son rígidas y tienen demasiados requisitos.

Los mecanismos alternativos de solución de conflictos, como las casas de justicia o las comisarías de familia, les roban espacio a los grupos armados en materia de justicia ciudadana, pero son tantos y tan reglamentados que a veces no ayudan sino que entraban la gestión.

Hay demasiados municipios muy pequeños. El 92 por ciento de los 164 municipios vulnerables tienen menos de 14.000 habitantes, el mínimo que exige la ley para constituirse en municipio. Al ser tan pequeños y al no existir incentivos claros para asociarse con otros municipios para cuidarse mejor la violencia se siente más.

Los mandos medios no hacen su papel. Los municipios no encuentran respaldo ni asesoría a su gestión en los funcionarios nacionales y en los departamentos. Estos están demasiado politizados, corruptos o simplemente inoperantes. En el Cauca, por ejemplo, el departamento hizo un esfuerzo por presentar al gobierno nacional un proyecto sostenible de sustitución de cultivos ilícitos y lo único que obtuvo fue dinero para infraestructura. "Nuestro proyecto de seguridad alimentaria sigue radicado en el Fondo de Inversiones para la Paz y en Planeación Nacional como constancia histórica del diálogo institucional de sordos y demás gajes de nuestra democracia", dice Floro Tunubalá, gobernador del Cauca.

¿Que hacer?

Como parte del problema los gobernantes no reconocen que muchos municipios colombianos no pueden seguir siendo gobernados como si Colombia estuviera en paz. Enfrentan una situación excepcional de guerra y lo primero que se debe hacer es aceptar esta realidad. Es en estos gobiernos locales donde está una de las claves para desactivar la guerra que consume hoy al país. Y como hay que empezar por algún lado, es necesario hacer la lista de los más difíciles de gobernar y los más golpeados por la violencia para llegarles con una estrategia excepcional y temporal que exige normas, recursos y atención extraordinarios. No se pueden defender con lo mismo de siempre. Lo que, en últimas, propone este informe es una verdadera revolución institucional en los municipios más vulnerables, donde florece el semillero de la violencia nacional.

Gobernar bajo presión

Los alcaldes, agobiados por la presión de los grupos armados, unas veces les cooperan, otras los enfrentan y en otras negocian para no ceder del todo. Estos testimonios de alcaldes revelan la variedad que encontraron los investigadores.

-Uno montó su propia investigación para liberar a su esposa secuestrada y se fue solo a rescatarla. El comandante guerrillero, sorprendido, se la entregó.

-Uno se refugió en la capital de su departamento para no ceder al chantaje guerrillero, pero aún allí un hombre lo presionaba todos los días. Finalmente accedió a pagar comisiones y a darles contratos a los paras.

-Uno que descubrió que la Policía local extorsionaba a los cocaleros. Temió denunciarlos. Se le ocurrió acudir a la guerrilla, pero por el camino se arrepintió "para no enredarse más".

-Uno que clama porque mande el que sea, paras, guerrilla o gobierno, pero que sea uno solo.

-Uno que confiesa "pecular". Ilegalmente cobra 10 por ciento sobre todos los contratos para financiar un sistema de alarmas veredales, personal de seguridad, de comunicación con celulares y radios.

-Una que salvó a uno de los funcionarios de la Alcaldía de que los paramilitares lo acribillaran. Ella sabía que era "sano".

Recomendaciones

El informe propone un régimen especial para los municipios con mayores problemas de gobernabilidad y de violencia. En ellos deberían emprenderse las siguientes acciones:

Lucha contra la corrupción. Para liberarlos de las mafias que se han apropiado de sus gobiernos es necesario educar y sensibilizar a ciudadanos y candidatos a cargos públicos, hacer el gasto más transparente y exigir rendición pública de cuentas.

Más recursos y acompañamiento técnico y financiero especial de departamentos y de la Nación a los municipios para que desarrollen mecanismos de seguridad ciudadana (alarmas comunitarias, frentes de seguridad local, etc.); le den atención eficaz a las víctimas de la violencia y se centren en unos pocos mecanismos alternativos de solución de conflictos: conciliadores en equidad, jueces de paz y comisarías de familia.

Crear un comité de participación ciudadana con capacidad real de control sobre la gestión municipal.

 
Unir los municipios, bien sea a través de la acción coordinadora de los departamentos, de asociaciones que fortalezcan su gestión e incluso se fusionen o especialicen sus labores. Así, por ejemplo, si hay dos municipios vecinos vulnerables, uno puede dedicarse a atender a las víctimas y canalizar toda la ayuda departamental, nacional e internacional para los dos municipios en ese, y el otro puede coordinar todo el esfuerzo de crear mecanismos de justicia alternativa.

Fortalecer las organizaciones comunitarias. El informe cita cinco ejemplos exitosos de creación de tejido social fuerte para resistir y prevenir la violencia: el de las comunidades indígenas caucanas, en Mogotes (Santander), en el Alto Ariari (Meta), en Pensilvania (Caldas) y el de la Asamblea Constituyente de Antioquia. En todos hubo identidad y cohesión, líderes innovadores, ampliación de espacios políticos, fueron muy visibles y autónomos respecto a los grupos armados ilegales y al Estado. De ahí que se recomienda que se esté alerta para apoyar proyectos incipientes de este estilo, particularmente en los lugares más vulnerables.

Hermanar a las víctimas

Hoy no se atiende a todos los perjudicados por el conflicto armado por igual. Se debe crear una sola entidad para mejorar la atención y deslegitimar a los violentos.

Cuando la seguridad y la justicia no pueden proteger a la gente y los actores armados no respetan los derechos de los que no están combatiendo el Estado tiene la responsabilidad de proteger a las víctimas del conflicto. Desaparecidos forzosos, secuestrados, amenazados, asesinados, afectados por acciones terroristas, desplazados y torturados y sus familias son todos perjudicados por la guerra.

Los investigadores encontraron que no a todos se les atiende por igual, ni se les mira en conjunto, y que además no se disponen recursos suficientes para atender minimamente las obligaciones y hay ineficacia en las instituciones.

 
Los que han sido desaparecidos en forma forzada cuentan con la Comisión de Búsqueda, que debe intentar dar con ellos, pero ésta no tiene funcionarios estables que puedan realizar búsquedas urgentes ni dispone de recursos para montar sistemas de información que permitan cruzar información de NN, entre otras carencias.

Las entidades antisecuestro se dedican sobre todo a rescatar secuestrados y a perseguir a los autores. Prácticamente no existe atención para atender a los familiares de secuestrados, ni tampoco a darles ayuda sicológica para la reinserción en la sociedad a los secuestrados una vez quedan libres.
Los sindicalistas, los defensores de derechos humanos, los testigos a violaciones de derechos humanos, los miembros del Partido Comunista y la Unión Patriótica, los periodistas y los alcaldes, concejales y personeros que son amenazados son atendidos por un programa del Ministerio del Interior. Sin embargo, el acceso a la protección no siempre tiene criterios claros, no hay apoyo legal a las víctimas, ni las amenazas son objeto de investigación.

Los perjudicados por atentados terroristas reciben ayuda de la Red de Solidaridad y del Fosyga, pero los recursos son insuficientes.

 
El sistema general de atención a los desplazados tiene problemas de coordinación, no tiene una carta de navegación, y si bien ha logrado una eficaz atención a quienes se han desplazado en forma masiva, no lo ha logrado con los que lo hacen en forma individual. Entre 1999 y 2002 apenas se cubrió 43 por ciento de la demanda en atención humanitaria de emergencia.

 
El informe reconoce que ha habido avances porque hay regímenes jurídicos, instituciones y experiencias que hacen que el país hoy le dé una mejor atención a las víctimas del conflicto. Pero hay cambios de fondo que hacer. Para empezar, que no se dejen algunas víctimas por fuera, como a los torturados, los familiares de muertos fuera de combate o las poblaciones sitiadas por los grupos armados, que no tienen acceso a salud o a alimentos esenciales.

Además hay cierto sesgo en la atención que les da mayor prioridad a las víctimas de la guerrilla que a las de agentes del Estado, por su acción u omisión. Pero lo más grave es que la atención sea fragmentada, lo cual genera inequidades, debilita la capacidad de consecución de recursos, impide aprovechar experiencias acumuladas en atender a unos perjudicados para atender a otros, entre otras cosas.

De ahí que la recomendación principal del informe sea centralizar la atención bajo una sola institución y, si esto no es posible, por lo menos crear una instancia en la que se reúnan las diversas entidades y puedan planear estrategias de manera conjunta (ver otras recomendaciones en recuadro). El objetivo último de la política lo explica bien el informe: "El hecho de que el Estado, apoyado por la sociedad, atienda a todo tipo de víctimas del conflicto armado, tiene un alcance hondo: hermana a todos los damnificados de una guerra absurda como beneficiarios de la solidaridad de sus conciudadanos y deslegitima a quienes han hecho la guerra para alcanzar sus objetivos".

Propuestas novedosas

Algunas de las más originales:

-Atender a todas las víctimas por igual y movilizar todos los recursos posibles. Podrían cobrarse impuestos especiales para atenderlas, así como se cobran para financiar la actividad militar.

-Concentrar toda la acción humanitaria bajo una sola entidad.

-Ampliar y verificar acuerdos humanitarios con los actores armados para que respeten a los civiles.

-Inventariar los daños hechos contra la población civil para que también sean los grupos armados los que eventualmente reparen el daño hecho.

-Concentrar entidades estatales y ONG en las zonas de conflicto donde los efectos estén siendo más devastadores. Hay, por ejemplo, 20 microrregiones donde se origina 70 por ciento del desplazamiento.

Escrito por elagora el 13/06/2007 15:30 | Comentarios (0)

PATRONES INTERNACIONALES EN MATERIA DE VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN ...

PATRONES INTERNACIONALES
EN MATERIA DE VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN
PARA LOGRAR LA SUPERACIÓN DEL
CONFLICTO ARMADO INTERNO

Intervención del señor Michael Frühling,
Director de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado
De las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
en las Jornadas de concertación social
para superar el fenómeno del paramilitarismo

Comisión Primera del Senado
Bogotá, D.C., 2 de abril de 2004



En nombre de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y en mi carácter de Director de la misma, agradezco la invitación que se le ha hecho para intervenir en esta audiencia, organizada en el marco de las Jornadas de concertación social para superar el fenómeno del paramilitarismo. Me complace acompañar en esta oportunidad a destacados expertos internacionales.

Como de todos aquí es sabido, de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo de 29 de noviembre de 1996, por el cual se pactó entre el Gobierno colombiano y la ONU su establecimiento en el país, la Oficina del Alto Comisionado debe cumplir con respecto al Congreso de la República tres funciones. La primera es darle asesoría en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario. La segunda, velar por que todo proyecto de ley en ese campo sea respetuoso de los instrumentos internacionales ratificados por el Estado colombiano. La tercera, velar por que en la actividad legislativa se consideren oportunamente las recomendaciones y decisiones formuladas por los órganos internacionales competentes en dicho ámbito.

La necesidad de medidas de carácter pluridimensional para superar el conflicto
Ya la Oficina del Alto Comisionado ha tenido oportunidad de poner respetuosamente a consideración del Estado y de la sociedad colombianos algunas consideraciones en torno de las medidas cuya adopción estima necesaria para la superación del conflicto armado interno en el país. Frente a este conflicto de múltiples dimensiones —todas ellas funestas y perjudiciales— resulta necesario e imperioso para las autoridades realizar un conjunto de esfuerzos inspirados en el enfoque multiforme e integral de esa situación de conflictividad violenta, a cuyo alrededor hallamos una pluralidad de circunstancias que tienden a seguir alimentándola. Entres esas circunstancias puedo mencionar, sin ser exhaustivo:
— Ideologías justificatorias de la violencia,
— Exclusiones políticas, económicas y sociales,
— Producción y tráfico de drogas,
— Comercio ilícito de armas y proliferación de las mismas,
— Otros intereses económicos,
— Empleo de la guerra como modus vivendi, y
— Percepción de que no hay alternativas para la superación del conflicto.

El conflicto interno colombiano —caracterizado por su degradación y por el negativo impacto que tiene en el ejercicio, el goce y el disfrute de los derechos humanos de miles de personas— ha venido a constituirse en uno de los más poderosos obstáculos para que el país logre alcanzar un equitativo desarrollo económico y social, erradicar las formas de pobreza absoluta y fortalecer sus instituciones democráticas. Ello convierte la tarea de hacer cuanto sea necesario para superar ese conflicto en una responsabilidad y en un reto, que el Estado democrático y de derecho vigente en Colombia debe asumir en medio de sus dificultades y de sus limitaciones.

Para enfrentar esa tarea y ese reto no bastan, empero, medidas de carácter aislado o unidimensional. La superación del conflicto armado interno exige que el Estado colombiano adopte y aplique medidas que se proyecten, a lo menos, en cuatro grandes planos. El primero es el político-democrático, dentro del cual han de buscarse la colaboración y el apoyo de todas las fuerzas civiles que actúan dentro de la legalidad, incluyendo a los partidos, movimientos y grupos de oposición. El segundo es el de las políticas económicas, sociales y humanitarias, incluyendo las relacionadas con la lucha contra la producción, el tráfico y el consumo de estupefacientes. El tercero, el de las políticas militares. El cuarto, el del diseño y la puesta en práctica de una adecuada estrategia de negociación con los grupos armados al margen de la ley.

Sólo con la combinación de medidas coherentes, firmes y sostenidas en esos cuatro planos parece posible la superación del conflicto armado interno. Pero cabe hacer énfasis en que resulta recomendable que esas medidas se adopten y se lleven a cabo orientándose y guiándose por las pautas de los tres sistemas internacionales de protección de los derechos universales del ser humano: el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional, cuyo logro más reciente es el Estatuto de Roma.

La figura del Anexo 1 resume lo anteriormente expresado.

La búsqueda de un sistema de alternatividad penal es legítima
Ha expresado ya varias veces la Oficina que el Estado colombiano obra legítimamente y dentro del marco de la juridicidad cuando, durante el desarrollo de un proceso de paz, considera la posibilidad de adoptar, en materia penal, un conjunto de medidas de carácter sui generis, cuya aplicación pueda contribuir a la superación del conflicto armado al lograr, entre otros significativos resultados, el desmantelamiento de las agrupaciones armadas ilegales y el retorno de sus miembros a la civilidad. Pero también ha puesto de presente la Oficina, en repetidas ocasiones, tanto en su interlocución con las autoridades colombianas como en sus declaraciones públicas, que ese conjunto de medidas deben respetar y garantizar a plenitud los derechos de los millares de personas que han sido objeto de victimización por parte de los integrantes de esas agrupaciones ilegales.

La Oficina desea reiterar hoy que, a su juicio, existen buenas posibilidades de que en el diseño de esas medidas singulares Colombia logre crear fórmulas adecuadas, respetuosas del derecho y ceñidas a los requerimientos de la justicia. En la búsqueda y el hallazgo de esas fórmulas las autoridades y el pueblo de este país podrán contar siempre con el respaldo, el acompañamiento, la asesoría y el estímulo de la comunidad internacional —en particular de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, como parte del Sistema de Naciones Unidas—, que ha manifestado varias veces creer firmemente “en la necesidad de una solución negociada para poner fin al conflicto armado interno (...) y lograr una paz duradera en el marco de un buen gobierno, la democracia, el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos” .

La Oficina considera de singular importancia —no sólo para el país, sino para la comunidad internacional— que al legislar en materia de derecho penal la República de Colombia, conservando plenamente su carácter de Estado social de derecho, adopte normativas del todo compatibles con aquellos principios y normas internacionales aplicables al cumplimiento de la obligación estatal de respetar y proteger los derechos fundamentales de la persona, entre ellos los reconocidos a las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos y de graves infracciones del derecho internacional humanitario.

La Oficina estima recomendable que las normas dictadas por el legislador colombiano en materia de alternatividad penal incluyan un régimen especial, aplicable a determinados miembros de los grupos armados ilegales: a aquellos paramilitares o guerrilleros a quienes las autoridades encargadas de administrar justicia imputen autoría o participación en delitos atroces.

Por delitos atroces entiende la Oficina, de conformidad con la jurisprudencia y la doctrina colombianas, los de carácter especialmente cruel e inhumano. Si a la tradición jurídica nacional se atiende, el carácter atroz puede predicarse, por ejemplo, de conductas punibles como las de genocidio (art. 101 C.P.), homicidio agravado por las condiciones de inferioridad o indefensión de la víctima (art. 104,7. C.P.), desaparición forzada (art. 165 C.P.), tortura (art. 178 C.P.), homicidio en persona protegida (art. 135 C.P.), tortura en persona protegida (art. 137 C.P.) y toma de rehenes (art. 148 C.P.). Según la diversa condición jurídica de sus responsables (vgr. servidores públicos o partícipes directos en las hostilidades), estos delitos atroces son los mismos que, a la luz de la preceptiva internacional, se hallan incluidos ya en el catálogo de las violaciones graves de los derechos humanos, ya en la lista de los crímenes de guerra. Si delitos como el homicidio agravado, la tortura y la desaparición forzada se han cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, las normas internacionales los considerarán en el rubro de los crímenes de lesa humanidad.

El ya aludido régimen especial debe ser diseñado siguiendo las pautas de lo que en lo atinente a los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación exponen los instrumentos internacionales de índole convencional suscritos y ratificados por el Estado colombiano, y aquellos instrumentos no convencionales elaborados sobre el mismo asunto, como interpretación autorizada de los primeros, en el seno de la Organización de las Naciones Unidas. Entre estos últimos cabe mencionar los Principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, de 1985, el Conjunto de Principios para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, de 1998 y los Principios y Directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones a las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, de 2000.

Sobre el punto manifestó recientemente la Oficina que dirijo:

“El respeto de los derechos humanos debe presidir todas y cada una de las actuaciones desarrolladas por el Estado colombiano para considerar, crear, aprobar y aplicar un sistema de alternatividad penal con respecto a los miembros de los grupos armados ilegales cuya violenta actuación se pretende hacer cesar. Para ello es necesario que las autoridades colombianas encargadas de hacer las leyes, de interpretarlas y de aplicarlas sepan honrar los ya mencionados derechos de las víctimas” .

En este orden de ideas quiero recordar ante mi distinguido auditorio algunos de los patrones del ordenamiento internacional que conviene tener en cuenta —y, en la medida de lo posible, adoptar— al diseñar un sistema de alternatividad penal aplicable a personas comprometidas en la comisión de delitos atroces.

Antes de referirme a esos patrones creo útil mencionar que dentro de pocos días se presentará en Ginebra (Suiza), ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, el nuevo informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Colombia, correspondiente al año 2003 . En este informe, que se hizo público el 10 de marzo, el Alto Comisionado formula 27 recomendaciones concretas y prioritarias para el año 2004, con la firme convicción de que es necesario y benéfico para el Estado avanzar en la tarea de darles una implementación consistente. Entre esas recomendaciones se encuentra la siguiente:

“El Alto Comisionado recomienda al Gobierno, a los grupos armados ilegales y a la sociedad civil no escatimar esfuerzos para establecer acercamientos dirigidos al diálogo y a la negociación que permitan la superación del conflicto armado interno y el logro de una paz duradera. Los diálogos y la negociación deberán tomar en cuenta, desde un principio, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Exhorta al Gobierno y al Congreso a que, en los procesos de diálogo y negociación con grupos armados al margen de la ley, honren plenamente los principios fundamentales de verdad, justicia y reparación a las víctimas” .

Patrones internacionales relacionados con la satisfacción del derecho de las víctimas a la verdad
Según los instrumentos internacionales , las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y de crímenes de guerra tienen derecho a saber la verdad acerca de las circunstancias en cuyo marco se perpetraron las acciones constitutivas de delitos graves conforme al derecho internacional, y acerca de la suerte corrida por las personas fallecidas o desaparecidas por los responsables de aquéllos. Este derecho hace parte del derecho a la verdad: el que todo pueblo tiene a conocer, en forma veraz, transparente y objetiva, los hechos, los motivos y las circunstancias relacionados con la comisión de crímenes atroces.

Para respetar y garantizar el derecho de las víctimas a saber y el derecho del pueblo a la verdad, es recomendable que uno de los resultados de todo proceso de negociaciones de paz entre el Estado colombiano y grupos armados ilegales sea la creación por la ley de una comisión extrajudicial de esclarecimiento . Comisiones de esta índole han funcionado, a lo largo de los últimos años, en Argentina, Chile, El Salvador, Guatemala, Perú, Sudáfrica y Uganda.

Con arreglo a los principios internacionales, las comisiones extrajudiciales de esclarecimiento tienen entre sus funciones :
1ª Investigar —sujetándose a normas legales que establezcan garantías en favor de los acusados, de los testigos y de las víctimas— la conducta de los que a cualquier título se hayan involucrado en hechos constitutivos de violaciones graves de los derechos humanos o de infracciones graves de la normativa humanitaria, en especial de las que tuvieron características de masividad o sistematicidad.

2ª Valorar los elementos de carácter objetivo y subjetivo que contribuyeron a crear las condiciones y circunstancias dentro de las cuales esas conductas atroces fueron perpetradas.

3ª Identificar los factores de índole normativa y fáctica que dieron lugar a la aparición y el mantenimiento de las situaciones de impunidad.

4ª Analizar y describir los mecanismos estatales bajo cuya aplicación se consumaron las conductas punibles.

5ª Identificar por sus características a los diversos grupos de víctimas.

6ª Identificar las organizaciones implicadas en los hechos de victimización, señalando el rol que en ellos cumplieron.

7ª Mantener los materiales probatorios a salvo de su destrucción o alteración.

8ª Producir un informe final que deberá hacerse público en su integridad y tendrá la difusión más amplia posible.

9ª Hacer recomendaciones cuya implementación contribuya a disminuir el impacto negativo de los efectos de la impunidad.

Patrones internacionales relacionados con la satisfacción del derecho de las víctimas a la justicia
Según los instrumentos internacionales , las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y de crímenes de guerra tienen derecho a la justicia: el derecho a solicitar y obtener, mediante el ejercicio de acciones y recursos eficaces, que las autoridades nacionales o internacionales investiguen los hechos constitutivos de delitos graves para el derecho internacional, procesen, juzguen y condenen con penas apropiadas a los responsables de los mismos, y dispongan una justa reparación para quienes fueron afectados por esas conductas punibles.

Para respetar y garantizar el derecho de las víctimas a la justicia es recomendable que las normas aplicables a los autores de crímenes atroces se ciñan, entre otros, a los siguientes criterios :
1. Por regla general sólo deberán aplicarse a miembros de grupos armados ilegales que reúnan las siguientes condiciones:
a. Estar comprometidos en procesos efectivos de diálogo o negociación que se hayan materializado en acuerdos.
b. Haber dispuesto y hecho efectiva una cesación de hostilidades.
c. Abstenerse de cualquier ataque o amenaza contra la población civil.
d. Haber puesto en libertad incondicional a toda persona que hubieran privado de la misma con infracción de la normativa humanitaria.

2. Deberán contener restricciones que impidan a las personas responsables de los crímenes beneficiarse indebidamente:
a. Con ciertas causales de exclusión de la punibilidad, como la prescripción del delito y la prescripción de la pena.
b. Con el otorgamiento de asilo territorial o diplomático.
c. Con la negativa a entregarlos a Estados que los soliciten en extradición por la comisión de crímenes sancionados por la ley internacional.
d. Con la concesión de amnistías o indultos.

3. Deberán señalar elementos de cuantificación penal que permitan a los jueces sancionar diferencialmente a los procesados por hechos constitutivos de crímenes internacionales, teniendo en cuenta:
a. La posición jerárquica que ocupaban dentro del grupo armado.
b. Los móviles de intolerancia y discriminación que inspiraron su conducta.
c. El influjo que en el comportamiento delictivo tuvieron la promesa de remuneración o el ofrecimiento de pago o de precio.
d. La intensidad del sufrimiento físico y moral causado a las víctimas.

4. Deberán prever que los autores de los crímenes sólo puedan obtener el beneficio de reducción de la pena si con respecto a ellos se cumplen dos requisitos:
A. Haber ejecutado, en forma patente, acciones positivas y eficaces para:
a. Determinar la autoría de los delitos.
b. Esclarecer los motivos de los mismos.
c. Conocer las circunstancias en que ellos se cometieron.
d. Fijar, cuantitativa y cualitativamente, la entidad de los daños y perjuicios morales y materiales causados por la ejecución de las conductas punibles.
e. Localizar los cadáveres de las víctimas.

B. Haber hecho una declaración pública en la cual:
a. Pidan perdón a las víctimas
b. Prometan no involucrarse nuevamente en delitos graves conforme al derecho internacional.

5. Deberán prever que los autores de crímenes atroces cumplan, de manera efectiva, un tiempo de privación de la libertad en prisión, en los lugares y en la forma señalados por la ley.

6. Deberán prever que las penas sustitutivas de la pena privativa de la libertad para los responsables de crímenes atroces no sean otras que la de prisión domiciliaria y la de restricción domiciliaria, cumplidas bajo control efectivo de los jueces de ejecución de penas.

7. Deberán prever que la pena sustitutiva de prisión domiciliaria sólo pueda operar cuando los responsables de crímenes atroces hayan cumplido los siguientes requisitos:
a. Haber estado recluidos, por un tiempo razonable, en establecimiento carcelario.
b. Haber tenido una conducta de la cual pueda deducirse, seria y fundadamente, que la aplicación de la pena sustitutiva no ponga en peligro a la comunidad ni favorezca la evasión.
c. Haber realizado, en la forma legalmente prevista, actos de reparación a las víctimas y de cooperación en las actividades dirigidas a la superación del conflicto armado o a la consecución de la paz.

8. Deberán prever que la pena sustitutiva de restricción domiciliaria sólo pueda operar cuando los responsables de crímenes atroces hayan cumplido los siguientes requisitos:
a. Haber estado un tiempo razonable en prisión domiciliaria.
b. Haber mantenido la conducta que posibilitó la sustitución de la pena privativa de la libertad por la de prisión domiciliaria.

9. Deberán prever que los autores de violaciones graves de derechos humanos o de crímenes de guerra sólo puedan ser beneficiados con la libertad condicional después de haber cumplido una parte razonable de la condena, siempre que durante el término de imposición de las penas sustitutivas hayan observado una conducta que permita al juez estimar innecesario continuar con su ejecución.

10. Deberán prever que los condenados por crímenes atroces queden, durante un plazo razonable, judicialmente inhabilitados para el ejercicio de cargos oficiales y funciones públicas, de manera que no puedan ser designados para actuar en las corporaciones electivas.

11. Deberán prever que los bienes de libre comercio pertenecientes a los responsables de los crímenes atroces, los bienes empleados para ejecutarlos y los bienes provenientes de su perpetración pasen al fondo especial del cual hablaré al tratar del derecho de las víctimas a la reparación.

12. Deberán prever la apertura de procesos judiciales de extinción del dominio que permitan el ingreso a ese fondo especial reparatorio de los bienes adquiridos por los autores de crímenes internacionales mediante enriquecimiento ilícito o con grave deterioro de la moral social.

13. Deberán asignar el control de la ejecución de las penas impuestas a los autores de esos crímenes a un cuerpo especializado de servidores de la rama judicial que actuarán dentro de plenas condiciones de independencia e imparcialidad.

14. Deberán circunscribir la concesión de amnistías y de indultos a conductas punibles que frente al derecho colombiano tengan el carácter de delitos políticos o de delitos comunes conexos con aquéllos. Como estos últimos sólo podrán considerarse los que, teniendo relación directa y estrecha con la delincuencia política, no constituyan delitos graves conforme al derecho internacional.

Los cuadros del Anexo 2 resumen lo que acabo de exponer.

Patrones internacionales relacionados con la satisfacción del derecho de las víctimas a la reparación
Según los instrumentos internacionales , las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y de crímenes de guerra tienen derecho a la reparación: el derecho a solicitar y obtener, mediante el ejercicio de acciones y recursos eficaces, medidas individuales de restitución, indemnización y rehabilitación, medidas de satisfacción de alcance general y garantías de no repetición de las violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

Es de recordar que las normas legales sobre reparación deben ser compatibles con cuatro principios internacionales :
1º La reparación ha de ser suficiente, efectiva, rápida y proporcional a la gravedad del crimen y a la entidad del daño sufrido.

2º El Estado deberá esforzarse por resarcir a la víctima cuando el responsable de la conducta ilícita no haya podido o no haya querido cumplir sus obligaciones.

3º El Estado deberá repetir contra el culpable de un crimen cuya responsabilidad no le sea imputable cuando haya resarcido a la víctima del mismo.

4º El Estado deberá garantizar la ejecución de los fallos judiciales que impongan, en el orden nacional o internacional, condenas reparatorias a personas o entidades privadas responsables de violaciones de los derechos humanos y de crímenes de guerra.

A la luz de estos principios, las normas del régimen especial al que vengo refiriéndome deberán disponer la constitución de un fondo reparatorio especial, que permita al Estado indemnizar a las víctimas no sólo cuando los daños antijurídicos causados a aquéllas le sean imputables, por provenir de la acción o la omisión de las autoridades públicas, sino también cuando los responsables de los crímenes no puedan o no quieran cumplir sus obligaciones indemnizatorias.

Estimo importante señalar también que las normas de carácter reparatorio deberán tener en cuenta la perspectiva de género. Ello en consideración al impacto singularmente lesivo del conflicto armado sobre los derechos de la mujer, víctima en muchas ocasiones no sólo de graves atentados contra la vida, la integridad y la libertad individual, sino también de acceso carnal violento, actos sexuales violentos, prostitución forzada y esclavitud sexual, dentro de hechos de brutalidad protagonizados por personas que toman parte directa en las hostilidades y quebrantan elementales principios y normas básicas del derecho internacional humanitario.

Para respetar y garantizar el derecho de las víctimas a la reparación es recomendable que las normas aplicables a los autores de crímenes atroces dispongan:
1. La ejecución por el condenado de acciones cumplidas con el fin de reponer las cosas a su estado original, restableciendo la situación en que se encontraba la víctima antes de ser afectada por el crimen . Ellas pueden estar dirigidas a que la víctima obtenga:
a. El restablecimiento de su libertad y de sus otros derechos, su situación social, su vida familiar y su ciudadanía.
b. El retorno a su lugar de residencia.
c. La reintegración en su empleo.
d. La devolución de sus propiedades.

2. La ejecución por el condenado de acciones cumplidas con el fin de compensar a la víctima todo perjuicio resultante del crimen que sea apreciable en dinero .

3. La ejecución por el condenado de acciones individuales cumplidas con el fin de lograr que la víctima pueda recuperarse con ayuda de la atención médica y psicológica, y con la prestación de servicios jurídicos y sociales .

4. La ejecución por el Estado de acciones cumplidas con el fin de deshacer el agravio inferido a la víctima . Ellas pueden consistir en:
a. La cesación de las violaciones continuadas.
c. La verificación de los hechos constitutivos de crímenes internacionales.
d. La difusión pública y completa de los resultados del esclarecimiento histórico.
e. La búsqueda de los cadáveres de las personas muertas o desaparecidas.
f. La emisión de declaraciones oficiales o de decisiones judiciales para restablecer la dignidad, la reputación y los derechos de las víctimas y de las personas a ellas vinculadas.
g. El reconocimiento público de los sucesos y de las responsabilidades.
h. Las conmemoraciones y homenajes en torno de las víctimas.
i. La enseñanza de la verdad histórica.

5. La ejecución por el Estado de acciones cumplidas con el fin de asegurar a la víctima que no será afectada por la comisión de nuevos crímenes atroces . Ellas pueden consistir en:
a. Lograr la disolución de los grupos armados paraestatales.
b. Dejar sin efecto las normas del derecho interno cuya aplicación favorezca la perpetración de violaciones de los derechos humanos o de infracciones de la normativa humanitaria.
j. Consolidar el establecimiento de un control efectivo de la autoridad civil sobre las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad.
k. Fortalecer la independencia de jueces y fiscales.
e. Restringir la competencia de los tribunales castrenses al conocimiento de delitos específicamente militares cometidos por personal en servicio activo.
f. Proteger el ejercicio de la abogacía y la práctica del periodismo.
g. Proteger la actividad desarrollada por los defensores de derechos humanos.
h. Lograr que los servidores públicos y los integrantes de todos los sectores de la sociedad tengan continua capacitación en materia de derechos humanos.

Consideraciones finales
En reciente foro celebrado en Barcelona tuvo oportunidad de expresar la Oficina bajo mi dirección:

“Honrando los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, y guiándose por su respeto, el Estado colombiano podrá iniciar, adelantar y concluir procesos de negociación con grupos armados ilegales sin quebrantamiento alguno de los principios y normas internacionales que pretenden, con respecto a tales procesos, el hallazgo de una técnica para armonizar los imperativos del derecho y las exigencias de la política. Los principios sobre la materia fueron desarrollados por la comunidad internacional con el significativo propósito de que los pueblos logren, acudiendo a la sabiduría y a la paciencia, construir su reconciliación sobre cimientos justos, firmes y duraderos” .

El respeto por los derechos humanos debe hacer parte integral de todo proceso de búsqueda de la paz y de logro de la reconciliación, pues los procesos de tal índole no pueden fundarse ni en la amnesia, ni en la impunidad, ni el abandono de las víctimas a situaciones adversas provocadas por la falta de reparación adecuada. La necesidad de perdón y de olvido nunca podrá invocarse para exigir a las víctimas que toleren lo intolerable.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reitera, una vez más, su permanente disposición de asesorar a las cámaras legislativas en la tarea de establecer una normativa de alternatividad penal cuyos contenidos sean compatibles con los compromisos adquiridos por la República de Colombia al hacerse parte de los tratados internacionales de derechos humanos, de derecho internacional humanitario y de derecho penal internacional.

Escrito por elagora el 13/06/2007 15:27 | Comentarios (2)

BOLETIN Nº 2

Boletín # 2

¿En qué difiere el sistema de dominación mundial del capitalismo del imperialismo, tal como lo ha definido la tradición marxista? ¿A qué transformaciones económicas, tecnológicas, sociales y políticas del mundo corresponde esta evolución? Y ¿cuáles son las consecuencias para las luchas de los estados occidentales, de los países en transición y del Tercer Mundo? He aquí todos los problemas esenciales de los que trata "Imperio", un libro escrito por el estadounidense Michael Hardt y el italiano Toni Negri. Originales, si no provocadoras, sus tesis merecen ser conocidas.  

¿HACIA UNA AGONÍA DE LOS ESTADOS-NACIÓN?

El imperio, fase superior del imperialismo

Por: Toni Negri

Dos ideas fundamentales se encuentran en la base de Imperio, el libro que escribí a cuatro manos con Michael Hardt entre la Guerra del Golfo y la de Kosovo. La primera consiste en que no hay mercado global (del modo del que se habla desde la caída del muro de Berlín, es decir, no sólo como paradigma económico sino como categoría política) sin forma de ordenamiento jurídico, y que este orden jurídico no puede existir sin un poder que garantice su eficacia.

La segunda, se refiere a que el orden jurídico del mercado global (que nosotros llamamos imperial) no designa simplemente una nueva figura del poder supremo que tiende a organizar: registra también potenciales de vida y de insubordinación, de producción y de lucha de clases que son nuevos.

Desde la caída del muro de Berlín, la experiencia política internacional ha confirmado ampliamente esta hipótesis. Ha llegado pues la hora de abrir una verdadera discusión y de verificar de manera experimental los conceptos (mejor, los lugares comunes) que proponemos, con el fin de renovar la ciencia política y jurídica a partir de la nueva organización del poder global.

Sería necesario estar loco para negar que existe actualmente un mercado global. Pasearse en Internet basta para convencerse de que esta dimensión global del mercado no representa sólo una forma originaria de la conciencia o aun el horizonte de una prolongada práctica de la imaginación (como nos cuenta Fernand Braudel a propósito del fin del Renacimiento), sino precisamente una organización actual. Más aun: un nuevo orden.

El mercado mundial se unifica políticamente alrededor de lo que, desde siempre, se consideran signos de soberanía: los poderes militar, monetario, comunicacional, cultural y lingüístico.

El poder militar consiste en que una sola autoridad posee toda la panoplia del armamento, comprendiendo en ella lo nuclear; el poder monetario se refiere a la existencia de una moneda hegemónica, a la que está subordinado sin excepción el mundo diversificado de las finanzas; el poder comunicacional se traduce por el triunfo de un solo modelo cultural, incluso a término el de una sola lengua universal. Este dispositivo es supranacional, mundial, total: nosotros lo llamamos "imperio".

Todavía falta distinguir esta forma "imperial" de gobierno de lo que se ha llamado durante siglos el "imperialismo".

Por este término entendemos la expansión del Estado-nación más allá de sus fronteras: la creación de relaciones coloniales (a menudo camufladas detrás de la pantalla de la modernización) en perjuicio de los pueblos hasta entonces ajenos al proceso eurocentrado de la civilización capitalista: pero también la agresividad estatal, militar y económica, cultural, si no racista, de las naciones fuertes frente a las naciones pobres.

En la actual fase imperial no hay más imperialismo, se trata de un fenómeno de transición hacia una circulación de valores y de poderes a la escala del imperio. Asimismo, no existe más el Estado-nación: se le escapan las tres características sustanciales de la soberanía -militar, política, cultural-, absorbidas o remplazadas por los poderes centrales del imperio.

La subordinación de los antiguos países coloniales a los estados-nación imperialistas, así como la jerarquía imperialista de los continentes y de las naciones desaparecen o se desvanecen también: todo se reorganiza en función del nuevo horizonte unitario del imperio.

¿Por qué llamar "imperio" (insistiendo sobre la novedad de la fórmula jurídica que ese término implica) lo que podría ser considerado simplemente como el imperialismo estadounidense posterior a la caída del muro de Berlín? Sobre este punto, la respuesta es clara: contrariamente a lo que sostienen los últimos defensores del nacionalismo, el imperio no es estadounidense (por otra parte, en el curso de su historia, Estados Unidos fue mucho menos imperialista que los británicos, los franceses, los rusos o los holandeses). No, el imperio es simplemente capitalista: es el orden del "capital colectivo", esta fuerza que ganó la guerra civil del siglo xx.

Combatir contra el imperio en nombre del Estado-nación implica pues una total incomprensión de la realidad del comando supranacional, de su figura imperial y de su naturaleza de clase: es una mistificación.

En el imperio del "capital colectivo" participan tanto los capitalistas norteamericanos como sus homólogos europeos, tanto los que construyen sus fortunas sobre la corrupción rusa como los del mundo árabe, de Asia o de África que pueden permitirse enviar sus hijos a Harvard y su dinero a Wall Street.

Un orden más eficaz, más totalitario. Naturalmente, las autoridades estadounidenses no se niegan a la responsabilidad del gobierno imperial. Con Michael Hardt pensamos sin embargo que ésta debería ser matizada. La formación de las elites norteamericanas depende ella misma desde ahora muy ampliamente de la estructura multinacional del poder. El poder "monárquico" de la presidencia estadounidense sufre la influencia del poder "aristocrático" de las grandes empresas multinacionales, financieras y productivas, así como debe tener en cuenta la presión de las naciones pobres y de la función tribunicia de las organizaciones de trabajadores, en suma del poder "democrático" de los representantes de los explotados y los excluidos.

De ahí la reactualización de una definición del poder imperial "a la Polibio"*, que daría a la Constitución estadounidense una expansión que le permitiría desarrollar a escala mundial una multiplicidad de funciones de gobierno y de integrar a sus propias dinámicas la construcción de un espacio público mundial. El famoso "fin de la historia" consiste precisamente en este equilibrio de las funciones real, aristocrática y democrática, fijada por una Constitución estadounidense ampliada de modo imperial al mercado mundial. En realidad, muchas de las pretensiones dominadoras del imperio son completamente ilusorias.

Lo que no impide sin embargo que su orden jurídico, político y soberano sea sin duda más eficaz -y desde luego más totalitario- que las formas de gobierno que lo han precedido. Pues se arraiga progresivamente en todas las regiones del mundo, esgrimiendo la unificación económico-financiera como un instrumento de autoridad del derecho imperial. Peor: profundiza su control sobre todos los aspectos de la vida.

Es por ello que subrayamos la nueva cualidad "biopolítica" del poder imperial, con el acontecimiento que ha señalado su advenimiento, a saber, el pasaje de una organización fordista del trabajo a una organización posfordista, y del modo de producción manufacturero a formas de valorización (y de explotación) más vastas: formas sociales, inmateriales: formas que invaden la vida en sus articulaciones intelectuales y afectivas, los tiempos de reproducción, las migraciones de los pobres a través de los continentes... El imperio construye un orden biopolítico porque la producción se ha convertido en biopolítica.

En otros términos, mientras que el Estado-nación utiliza dispositivos disciplinarios para organizar el ejercicio del poder y las dinámicas del consenso, construyendo así a la vez una cierta integración social productiva y modelos de ciudadanía adecuados, el imperio desarrolla dispositivos de control que invaden todos los aspectos de la vida y los recomponen a través de esquemas de producción y de ciudadanía que corresponden a la manipulación totalitaria de las actividades, del ambiente, de las relaciones sociales y culturales, etcétera. Si la desterritorialización de la producción incita a la movilidad y a la flexibilidad sociales, incrementa también la estructura piramidal del poder y del control global de la activación de las sociedades involucradas. Este proceso parece desde ahora irreversible, ya se trate del pasaje de las naciones al imperio, del desplazamiento de la producción a la riqueza, de las fábricas a la sociedad y del trabajo a la comunicación, o aun de la evolución de los modos de gobierno disciplinarios hacia procedimientos de control.

¿Cuál es la causa de esta transición? Para nosotros, es el resultado de las luchas de la clase obrera, de los proletarios del Tercer Mundo y de los movimientos de emancipación que han atravesado al exmundo del socialismo real.

Esta es una interpretación marxista: las luchas generan el desarrollo, los movimientos del proletariado producen la historia.

Así, los combates obreros contra el trabajo taylorizado han acelerado la revolución tecnológica que, como consecuencia de ello, condujo a la socialización y a la informatización de la producción.

Del mismo modo, el irresistible empuje de la fuerza de trabajo en los países poscoloniales de Asia y de África engendró a la vez altibajos en la producción y en los movimientos de población, los que alteraron las rigideces nacionales de los mercados del trabajo.

Finalmente, en los países llamados socialistas, el deseo de libertad de la nueva fuerza de trabajo técnico e intelectual hizo saltar la vetusta disciplina socialista y, por eso mismo, destruyó la artificial distorsión estaliniana del mercado mundial.

La constitución del imperio representa la reacción capitalista a la crisis de los viejos sistemas que servían para disciplinar la fuerza de trabajo a escala mundial. Ella inaugura a la vez una nueva etapa de la batalla de los explotados contra el poder del capital. El Estado-nación, que encerraba la lucha de clases, agoniza, como antes el Estado colonial y el Estado imperialista.

Atribuir a los movimientos de la clase obrera y del proletariado esta modificación del paradigma del poder capitalista significa afirmar que los hombres se aproximan a su liberación del modo de producción capitalista. Y tomar distancia frente a quienes vierten lágrimas de cocodrilo sobre el fin de los convenios corporativistas del socialismo y del sindicalismo nacional, como los que lloran por el tiempo que no existe más, nostálgicos de un reformismo social impregnado del resentimiento de los explotados y de los celos que, a menudo, empollan bajo la utopía.

No, nosotros nos encontramos dentro del mercado mundial. Y buscamos convertirnos en intérpretes de esta imaginación que soñó, un día, unir las clases explotadas en el seno de la Internacional comunista. Pues nosotros vemos nacer allí nuevas fuerzas.

¿Las luchas pueden convertirse en suficientemente masivas para desestabilizar, o incluso desestructurar la compleja organización del imperio? Esta hipótesis incita a los "realistas" de todo pelo a la ironía: ¡el sistema es tan fuerte!

Pero, para la teoría crítica, una utopía razonable no tiene nada de inhabitual. Por otra parte, no hay otro término de la alternativa, dado que estamos explotados y sometidos en este imperio y no en otra parte. Este último representa la organización actual de un capitalismo en plena reestructuración, después de un siglo de luchas proletarias sin equivalente en la historia de la humanidad. Nuestro libro implica pues una cierta aspiración de comunismo.

El tema central que aparece a través de todos estos análisis se reduce, de hecho, a un solo problema: ¿cómo puede estallar la guerra civil de masas contra el capital mundial en el imperio? Las primeras experiencias de batallas, declaradas o subterráneas, en este nuevo territorio del poder proporcionan tres índices preciosos.

Esas luchas exigen, además de un salario garantizado, una nueva expresión de la democracia en el control de las condiciones políticas de reproducción de la vida. Ellas se desarrollan en los movimientos de las poblaciones más allá del marco nacional, aspirando a la supresión de fronteras y a una ciudadanía universal.

Comprometen individuos y multitudes que buscan reapropiarse de la riqueza producida gracias a los instrumentos de producción que, por el hecho de la revolución tecnológica permanente, se han convertido en propiedad de los sujetos, verdaderas prótesis de sus cerebros.

La mayoría de estas ideas nacieron durante las manifestaciones parisienses del invierno de 1995, esta "Comuna de París bajo la nieve" que exaltaba mucho más que los transportes públicos: el autorreconocimiento subversivo de los ciudadanos de las grandes ciudades.

Algunos años nos separan de esa experiencia. Sin embargo, en todos lados en los que se desarrollaron luchas contra el imperio, pusieron en evidencia un fenómeno sobre el cual mucho elaboraron: la conciencia nueva de que el bien común es decisivo en la vida como en la producción, mucho más que lo "privado" y lo "nacional", para utilizar esos términos caducos.

Sólo el "común"** se levanta contra el imperio.

* Nacido entre 210 y 202 antes de Cristo, Polibio, exiliado en Roma después del derrumbe del poderío macedónico, se convirtió en el principal historiador de la victoria de Roma sobre Cartago y de la expansión romana hacia Oriente. Pragmático, procuró explicar las causas de los desarrollos históricos a los que asistía. Murió aproximadamente en el 126 antes de Cristo.

** N de la R: El "común" es un concepto sobre el que trabaja Toni Negri. No es el "bien común", sino el "común", con referencia a Spinoza.

Escrito por elagora el 13/06/2007 15:20 | Comentarios (0)

BOLETIN Nº 1

Boletín # 1

Elogio de la dificultad

Por: Estanislao Zuleta

La pobreza y la impotencia de la imaginación nunca se manifiesta de una manera tan clara como cuando se trata de imaginar la felicidad. Entonces comenzamos a inventar paraísos, islas afortunadas, países de cucaña. Una vida sin riesgos, sin lucha, sin búsqueda de superación y sin muerte. Y, por tanto, también sin carencias y sin deseo: un océano de mermelada sagrada, una eternidad de aburrición. Metas afortunadamente inalcanzables, paraísos afortunadamente inexistentes.

Todas estas fantasías serían inocentes e inocuas, sino fuera porque constituyen el modelo de nuestros anhelos en la vida práctica.

Aquí mismo en los proyectos de la existencia cotidiana, más acá del reino de las mentiras eternas, introducimos también el ideal tonto de la seguridad garantizada; de las reconciliaciones totales; de las soluciones definitivas.

Puede decirse que nuestro problema no consiste solamente ni principalmente en que no seamos capaces de conquistar lo que nos proponemos, sino en aquello que nos proponemos: que nuestra desgracia no está tanto en la frustración de nuestros deseos, como en la forma misma de desear. Deseamos mal.

En lugar de desear una relación humana inquietante, compleja y perdible, que estimule nuestra capacidad de luchar y nos obligue a cambiar, deseamos un idilio sin sombras y sin peligros, un nido de amor, y por lo tanto, en última instancia un retorno al huevo. En vez de desear una sociedad en la que sea realizable y necesario trabajar arduamente para hacer efectivas nuestras posibilidades, deseamos un mundo de satisfacción, una monstruosa sala-cuna de abundancia pasivamente recibida.

En lugar de desear una filosofía llena de incógnitas y preguntas abiertas, queremos poseer una doctrina global, capaz de dar cuenta de todo, revelada por espíritus que nunca han existido o por caudillos que desgraciadamente sí han existido.

Adán y sobre todo Eva, tienen el mérito original de habernos liberado del paraíso, nuestro pecado es que anhelamos regresar a él.

Desconfiemos de las mañanas radiantes en las que se inicia un reino milenario. Son muy conocidos en la historia, desde la Antigüedad hasta hoy, los horrores a los que pueden y suelen entregarse los partidos provistos de una verdad y de una meta absolutas, las iglesias cuyos miembros han sido alcanzados por la gracia -por la desgracia- de alguna revelación. El estudio de la vida social y de la vida personal nos enseña cuán próximos se encuentran una de otro la idealización y el terror. La idealización del fin, de la meta y el terror de los medios que procurarán su conquista. Quienes de esta manera tratan de someter la realidad al ideal, entran inevitablemente en una concepción paranoide de la verdad; en un sistema de pensamiento tal, que los que se atreverían a objetar algo quedan inmediatamente sometidos a la interpretación totalitaria: sus argumentos, no son argumentos, sino solamente síntomas de una naturaleza dañada o bien máscaras de malignos propósitos.

En lugar de discutir un razonamiento se le reduce a un juicio de pertenencia al otro -y el otro es, en este sistema, sinónimo de enemigo-, o se procede a un juicio de intenciones. Y este sistema se desarrolla peligrosamente hasta el punto en que ya no solamente rechaza toda oposición, sino también toda diferencia: el que no está conmigo, está contra mí, y el que no está completamente conmigo, no está conmigo. Así como hay, según Kant, un verdadero abismo de la acción, que consiste en la exigencia de una entrega total a la "causa" absoluta y concibe toda duda y toda crítica como traición o como agresión.

Ahora sabemos, por una amarga experiencia, que este abismo de la acción, con sus guerras santas y sus orgías de fraternidad no es una característica exclusiva de ciertas épocas del pasado o de civilizaciones atrasadas en el desarrollo científico y técnico; que puede funcionar muy bien y desplegar todos sus efectos sin abolir una gran capacidad de inventiva y una eficacia macabra. Sabemos que ningún origen filosóficamente elevado o supuestamente divino, inmuniza a una doctrina contra el riesgo de caer en la interpretación propia de la lógica paranoide que afirma un discurso particular -todos lo son- como la designación misma de la realidad y los otros como ceguera o mentira.

El atractivo terrible que poseen las formaciones colectivas que se embriagan con la promesa de una comunidad humana no problemática, basada en una palabra infalible, consiste en que suprimen la indecisión y la duda, la necesidad de pensar por sí mismo, otorgan a sus miembros una identidad exaltada por la participación, separan un interior bueno -el grupo- y un exterior amenazador. Así como se ahorra sin duda la angustia, se distribuye mágicamente la ambivalencia en un amor por lo propio y un odio por lo extraño y se produce la más grande simplificación de la vida, la más espantosa facilidad. Y cuando digo aquí facilidad, no ignoro ni olvido que precisamente este tipo de formaciones colectivas, se caracterizan por una inaudita capacidad de entrega y sacrificios; que sus miembros aceptan y desean el heroísmo, cuando no aspiran a la palma del martirio. Facilidad, sin embargo, porque lo que el hombre teme por encima de todo no es la muerte y el sufrimiento, en los que tantas veces se refugia, sino la angustia que genera la necesidad de ponerse en cuestión, de combinar el entusiasmo y la crítica, el amor y el respeto.

Un síntoma inequívoco de la dominación de las ideologías proféticas y de los grupos que las generan o que someten a su lógica doctrinas que les fueron extrañas en su origen, es el descrédito en que cae el concepto de respeto.

No se quiere saber nada del respeto, ni de la reciprocidad, ni de la vigencia de normas universales. Estos valores aparecen más bien como males menores propios de un resignado escepticismo, como signos de que se ha abdicado a las más caras esperanzas. Porque el respeto y las normas sólo adquieren vigencia allí donde el amor, el entusiasmo, la entrega total a la gran misión, ya no pueden aspirar a determinar las relaciones humanas. Y como el respeto es siempre el respeto a la diferencia, sólo puede afirmarse allí donde ya no se cree que la diferencia pueda disolverse en una comunidad exaltada, transparente y espontánea, o en una fusión amorosa. No se puede respetar el pensamiento del otro, tomarlo seriamente en consideración, someterlo a sus consecuencias, ejercer sobre él una critica, válida también en principio para el pensamiento propio, cuando se habla desde la verdad misma, cuando creemos que la verdad habla por nuestra boca; porque entonces el pensamiento del otro sólo puede ser error o mala fe; y el hecho mismo de su diferencia con nuestra verdad es prueba contundente de su falsedad, sin que se requiera ninguna otra. Nuestro saber es el mapa de la realidad y toda línea que se separe de él sólo puede ser imaginaria o algo peor: voluntariamente torcida por inconfesables intereses. Desde la concepción apocalíptica de la historia las normas y las leyes de cualquier tipo, son vistas como algo demasiado abstracto y mezquino frente a la gran tarea de realizar el ideal y de encarnar la promesa; y por lo tanto sólo se reclaman y se valoran cuando ya no se cree en la misión incondicionada.

Pero lo que ocurre cuando sobreviene la gran desidealización no es generalmente que se aprenda a valorar positivamente lo que tan alegremente se había desechado, estimado sólo negativamente; lo que se produce entonces, casi siempre, es una verdadera ola de pesimismo, escepticismo y realismo cínico. Se olvida entonces que la crítica a una sociedad injusta, basada en la explotación y en la dominación de clase, era fundamentalmente correcta y que el combate por una organización social racional e igualitaria sigue siendo necesario y urgente. A la desidealización sucede el arribismo individualista que además piensa que ha superado toda moral por el sólo hecho de que ha abandonado toda esperanza de una vida cualitativamente superior.

Lo más difícil, lo más importante. Lo más necesario, lo que a todos modos hay que intentar, es conservar la voluntad de luchar por una sociedad diferente sin caer en la interpretación paranoide de la lucha. Lo difícil, pero también lo esencial es valorar positivamente el respeto y la diferencia, no como un mal menor y un hecho inevitable, sino como lo que enriquece la vida e impulsa la creación y el pensamiento, como aquello sin lo cual una imaginaria comunidad de los justos cantaría el eterno hosanna del aburrimiento satisfecho. Hay que poner un gran signo de interrogación sobre el valor de lo fácil; no solamente sobre sus consecuencias, sino sobre la cosa misma, sobre la predilección por todo aquello que no exige de nosotros ninguna superación, ni nos pone en cuestión, ni nos obliga a desplegar nuestras posibilidades.

Hay que observar con cuánta desgraciada frecuencia nos otorgamos a nosotros mismos, en la vida personal y colectiva, la triste facilidad de ejercer lo que llamaré una no reciprocidad lógica: Es decir, el empleo de un método explicativo completamente diferente cuando se trata de dar cuenta de los problemas, los fracasaos y los errores propios y los del otro cuando es adversario o cuando disputamos con él. En el caso del otro aplicamos el esencialismo: lo que ha hecho, lo que le ha pasado es una manifestación de su ser más profundo; en nuestro caso aplicamos el circunstancialismo, de manera que aún los mismos fenómenos se explican por las circunstancias adversas, por alguna desgraciada coyuntura. El es así; yo me vi obligado. El cosechó lo que había sembrado; yo no pude evitar este resultado. El discurso del otro no es más que de su neurosis, de sus intereses egoístas; el mío es una simple constatación de los hechos y una deducción lógica de sus consecuencias. Preferiríamos que nuestra causa se juzgue por los propósitos y la adversaria por los resultados.

Y cuando de este modo nos empeñamos en ejercer esa no reciprocidad lógica que es siempre una doble falsificación, no sólo irrespetamos al otro, sino también a nosotros mismos, puesto que nos negamos a pensar efectivamente el proceso que estamos viviendo.

La difícil tarea de aplicar un mismo método explicativo y crítico a nuestra posición y a la opuesta no significa desde luego que consideremos equivalentes las doctrinas, las metas y los intereses de las personas, los partidos, las clases y las naciones en conflicto. Significa por el contrario que tenemos suficiente confianza en la superioridad de la causa que defendemos, como para estar seguros de que no necesita, ni le conviene esa doble falsificación con la cual, en verdad, podría defenderse cualquier cosa.

En el carnaval de miseria y derroche propios del capitalismo tardío se oye a la vez lejana y urgente la voz de Goethe y Marx que nos convocaron a un trabajo creador, difícil, capaz de situar al individuo concreto a la altura de las conquistas de la humanidad.

Dostoievski nos enseño a mirar hasta donde van las tentaciones de tener una fácil relación interhumana: van sólo en el sentido de buscar el poder, ya que si no se puede lograr una amistad respetuosa en una empresa común se produce lo que Bahro llama intereses compensatorios: la búsqueda de amos, el deseo de ser vasallos, el anhelo de encontrar a alguien que nos libere de una vez por todas del cuidado de que nuestra vida tenga un sentido. Dostoievski entendió, hace más de un siglo, que la dificultad de nuestra liberación procede de nuestro amor a las cadenas. Amamos las cadenas, los amos, las seguridades porque nos evitan la angustia de la razón.

Pero en medio del pesimismo de nuestra época se sigue desarrollando el pensamiento histórico, el psicoanálisis, la antropología, el marxismo, el arte y la literatura. En medio del pesimismo de nuestra época surge la lucha de los proletarios que ya saben que un trabajo insensato no se paga con nada, ni con automóviles ni con televisores; surge la rebelión magnífica de las mujeres que no aceptan una situación de inferioridad a cambio de halagos y protecciones; surge la insurrección desesperada de los jóvenes que no pueden aceptar el destino que se les ha fabricado.

Este enfoque nuevo nos permite decir como Fausto:

"También esta noche, tierra, permaneciste firme. Y ahora renaces de nuevo a mi alrededor. Y alientas otra vez en mi la aspiración de luchar sin descanso por una altísima existencia".

Escrito por elagora el 13/06/2007 15:18 | Comentarios (0)

LINEAS DE TRABAJO

El ÁGORA, Grupo De Trabajo En Ciencia Política, cuenta con cuatro líneas principales de trabajo: académico-investigativa, difusión, comunitaria y servicios, que se componen a su vez de programas y proyectos.

1. Línea académico-investigativa

En esta línea de trabajo se enmarcan las diferentes actividades académicas y los proyectos de investigación que desarrolla el grupo.

1.1 Actividades académicas:

	Reuniones periódicas para el debate y análisis de los temas mas relevantes de la Ciencia Política.
	Grupo de estudio sobre Derechos Humanos y coyuntura internacional.
	Grupo de estudio sobre Teoría Política

	Coloquio de Ciencia Política
	Jornadas de discusión en el Ágora
	Apoyo Cátedra Libre
	Conferencias con expertos
	Boletín
	Otras publicaciones
	Pagina Web

	Participación olla comunitaria
	Jornadas culturales (música, cuentearía etc.)
	Actividades de sensibilización: desplazamiento forzado, derechos humanos, democracia, etc.

	Observatorio político (cuantitativa-cualitativa)
	Estudios de opinión y tendencias sociopolíticas (cuantitativa)
	Análisis de coyuntura (cuantitativo-documental)

	Formación para la convivencia
	Educación en Derechos humanos y DIH
	Democracia y participación ciudadana (escuela de formación ciudadana)

	Prevención del consumo de sustancia psicoactivas
	Convivencia y solidaridad en la comunidad académica
	Programa de acompañamiento a la iniciativa comunitaria. Proyecto piloto: formulación de proyectos productivos comunidad Antonio Nariño. (ejecutado)

	Desplazamiento forzado en Colombiaa
	Conflicto armado en Colombia
	Derechos humanos y DIH
	Movimientos de resistencia en América Latina
	Geopolítica
	Formación ciudadana y constitucional
	Programa de acompañamiento y asesoría “bienvenidos a la Universidad Nacional” (dirigido a estudiante de primer semestre.

Escrito por elagora el 13/06/2007 15:15 | Comentarios (0)

ACERCA DE EL AGORA

EL ÁGORA

El ÁGORA, es un grupo interdisciplinario que centra su trabajo en la investigación, estudio y difusión de los temas mas relevantes de las Ciencias Sociales y Humanas y en particular de la Ciencia Política, para lo cual cuenta con una amplia gama de programas y proyectos de investigación, educación e intervención social, así como un optimo grupo de profesionales y colaboradores para desarrollarlos. 

MISIÓN

El grupo de trabajo "El Ágora", enfoca sus actividades hacia la creación de espacios de discusión, capacitación e investigación, en ciencias Humanas y Sóciales, priorizando en todo lo concerniente a la Ciencia Política. Su escenario de acción es en primera instancia, el espacio académico de la Universidad Nacional, pero sin perder de vista, los distintos espacios de la sociedad medellinense que requieran de la intervención, capacitación e investigación social ejercida por profesionales de las Ciencias Sociales y Humanas.

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VISIÓN

El grupo de trabajo "El Ágora", pretende, a corto plazo, constituirse en uno de los grupos de trabajo de la Universidad Nacional con mayor fortaleza intelectual e institucional, de manera tal que se le  posibilite, plantear alternativas de intervención, capacitación e investigación que beneficien tanto a la Universidad Nacional como a la comunidad en general.

1. Promover la formación académica de los miembros del grupo

2. Propender por el desarrollo de comunidad académica al interior de la sede

3. Ejecutar actividades tendientes a fortalecer el que hacer académico de la escuela de Ciencia Política.

4. Hacer de la investigación un elemento fundamental en la formación de sus miembros

5. Realizar actividades de difusión, en beneficio de la comunidad, de los temas y proyectos de investigación realizados por el grupo
    

PRINCIPALES RETOS DEL GRUPO

PRINCIPALES LOGROS Y APORTES DEL GRUPO

Escrito por elagora el 09/06/2007 06:34 | Comentarios (0)